OTR/PRESS
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La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, presentará un recurso de casación ante el Tribunal Supremo (TS) para "defender sus derechos y honorabilidad" en relación con las declaraciones que realizó el vicesecretario de Comunicación del PP, Esteban González Pons, sobre el empadronamiento de la vicepresidenta en Beneixida (Valencia) y la reclasificación de unos terrenos de su propiedad.
La sentencia recoge que "en ningún caso" las declaraciones de González Pons pueden ser consideradas como "intromisión ilegítima en el honor de la demandante cuando es notorio que los políticos de distinto signo aprecian su 'vecindad' y 'residencia habitual', a fin de atribuirse las candidaturas de las diferentes demarcaciones electorales aun cuando, en el desempeño de sus actuaciones profesionales, habitualmente residen en otro lugar".
El fallo también recoge que queda probado que la familia de la vicepresidenta ingresó 72.000 euros por una recalificación de unos terrenos. Aunque si bien es cierto que se manifestaron en contra del PAI que finalmente se ejecutó.