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Un total de 75 organizaciones, sindicatos y partidos políticos se han unido para reivindicar que se incluya el requisito lingüístico de conocimientos de valenciano en el proyecto de ley de para la Ordenación y Gestión de la Función Pública Valenciana que se está tramitando en las Corts, ya que según denunciaron, "sólo" el 1,2% de las plazas en la Administración valenciana exige conocer la lengua cooficial, a pesar de que el 65% de funcionarios tiene conocimientos acreditados.

Bajo el lema "Sí al valencià. Requisit lingüístic", representantes de estas entidades, al cumplirse el 26 aniversario de la Llei d'Ús i Ensenyament del Valencià, se dirigieron ayer a la Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas para entregar un manifiesto en el que exigen una "segunda transición que adecue la realidad institucional a lo que está demandando la sociedad", que ya reclama más enseñanza en valenciano de la que se oferta, y vive con más "normalidad" la denominación de la lengua y su uso.

En declaraciones a los medios, el coordinador de Acció Cultural del País Valencià, Toni Gisbert, y el presidente de Escola Valenciana, Diego Gómez, aseguraron que este desconocimiento de la lengua cooficial "no pasa en ningún lado del Estado español".

Según dijo Gómez, en el resto de comunidades en las que conviven varias lenguas, -Galicia, País Vasco, Baleares o Cataluña- la cooficial sí es determinante para acceder a la función pública, incluso si están gobernadas por el PP, como es el caso de Galicia. Por el contrario, la Comunitat se encuentra "a la cola" en la defensa de los derechos lingüísticos, censuró el presidente de Escola.