Empresarios y abogados organizaron una red de trabajo ilegal con chinos

REGINA LAGUNA VALENCIA ?
La Audiencia de Valencia ha condenado a siete empresarios, abogados y gestores a dos años de cárcel por traer a España a 202 inmigrantes chinos y recolocarlos de forma ilegal en la industria de la madera. El fiscal rebajó considerablemente la pena inicial por un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, al haber llegado a un acuerdo con los acusados, que reconocieron los hechos.
La trama se destapó cuando varios ciudadanos chinos denunciaron las condiciones laborales en las que se encontraban, tras haberles prometido cursos de formación y trabajo regular en España. Así, se descubrió que habían entrado en España de forma regular hasta 202 chinos con la promesa de formales en la industria de la madera.
Inicialmente, el proyecto tenía todos los visos de legalidad, ya que se trataba de un acuerdo entre las autoridades españolas y la empresa Madeplax, de l'Alcúdia, cuya filial en China, Madeplax-Asia, pretendía formar aquí a trabajadores chinos para llevárselos luego y expandirse en el continente asiático.
No era ésa la idea con la que llegaron aquí los trabajadores ni la que tenían los acusados: Manuel L. M. (ex Policía Local de Valencia), Liu L., su mujer Fang Ch., el gerente de Madeplax José T. S., Antonio G. M., el abogado Juan de Dios G.-A. H. y gestora María Victoria O. S.
Según la sentencia, "entre julio de 2004 y mayo de 2005 constituyeron una trama para traer ciudadanos chinos para recibir unos cursos de formación en empresas del grupo Madeplax (Alcama, Central de Carpintería, Carpinser y M. Portes), y con la obligación de que éstos volvieran a China al finalizar el curso para abrir filiales de Madeplax.
Con este fin, Madeplax, y en concreto el apoderado Antonio G. M., el gerente José T. S. y el abogado Juan de Dios G.-A. H., a través de Buildersa Consulting y Liu Lian Import & Export Co. -formadas por Manuel L. M.y Liu L.-, trajeron a España hasta 202 trabajadores chinos. Una vez en España, eran dados de alta en las empresas de Madeplax, sin llegar a recibir la formación pactada, debiéndose pagar el viaje, la estancia en España y la Seguridad Social, con un desembolso de 15.000 euros. Una vez finalizado el periodo por el que habían sido autorizados a entrar en España, los ciudadanos chinos eran colocados ilegalmente en otras empresas.

En suspensión de pagos y en disolución

Durante el periodo en que los inmigrantes chinos eran recolocados de forma ilegal, la gestoría JFF, formada por María Victoria O. S. y Fang Ch., esposa de Liu L., era la encargada de tramitar los permisos de residencia de los ciudadanos chinos, y de recoger el dinero del viaje y las cuotas de la Seguridad Social. Según reconocieron en el juicio, todos eran conscientes de que los ciudadanos chinos no podían continuar en España, sino que debían volver a China, según el acuerdo llegado con las autoridades españolas
Hay que recordar que la empresa Madeplax suspendió pagos en julio del año pasado, pero se encontraba en disolución desde 1999, según datos del Registro Mercantil, con un activo inmovilizado de 950.000 euros. Los trabajadores llegaron a manifestarse en julio de 2008 frente a la empresa porque no les pagaba. De los 110 empleados que tenía la industria, el 70% estaba bajo un expediente de regulación de empleo, mientras que el 30% restante continuaba trabajando en aquellos momentos. r. l. valencia