El PP rechaza las enmiendas a la ley de Acompañamiento

EFE/LEVANTE-EMV.COM El pleno de Les Corts ha rechazado hoy, por los votos en contra del PP, las tres enmiendas de la oposición que debían devolver al Consell el proyecto de ley de Medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera y de organización de la Generalitat, más conocido como ley de Acompañamiento a los Presupuestos.

La oposición ha reprochado que se utilice esta norma para modificar veinte leyes y aprobar sin casi debate cuestiones como el cambio de la ley del Consell Jurídic Consultiu (CJC) sin mayoría cualificada, con lo que sería "ilegal", o la de Hacienda Pública para que la deuda del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) tenga carácter de deuda pública, por el "colapso" de la Generalitat.

El texto ha sido presentado por el conseller de Economía, Gerardo Camps, quien ha explicado que en él se plasma la política fiscal del Consell, consistente en no subir los impuestos y en seguir apoyando a las familias y a las actividades económicas, y ha defendido que los valencianos tienen "el más amplio elenco de beneficios fiscales para las familias de toda España".

Además, ha resaltado que si se suman los nuevos beneficios fiscales que se van a aplicar en 2010 y el efecto de la escala rebajada del IRPF, el impacto acumulado de los mismos es de "1.606'7 millones de euros", del que disfrutarán "más de 4 millones de valencianos".

La socialista Cristina Moreno ha alertado de que con esta ley se reforma la del CJC para elevar la cuantía de las reclamaciones de responsabilidad patrimonial en las que se debe pronunciar, sin tener en cuenta que requiere una mayoría cualificada que el PP no tiene, por lo que ha ofrecido un acuerdo para evitar una "ilegalidad" que podría ser recurrida.

También ha cuestionado que se modifique la ley de Hacienda pública para que la deuda del IVF tenga categoría de deuda pública para negociar en el mercado de valores, algo que en principio sería bueno si no fuera porque en los Presupuestos los avales que el IVF otorga pasan de 70 a 270 millones, las operaciones de crédito de 650 a 1.300, y el presupuesto del IVF disminuye en 32 millones de euros.

"Esta modificación no es más que una autorización para que ruede la bola, para que se pueda endeudar más", ha alertado Moreno, para quien el problema es que "la pelota ha estallado" y las cuentas de están "colapsadas", lo que ha conllevado una segunda modificación, para crear la Caja única de la tesorería porque "ya no hay ingresos".

Moreno ha criticado asimismo que todos los años modifiquen la ley de Tasas, en este caso para eliminar una tasa por inscripción en el registro de locales de alterne, que "no sirve para nada" porque "nunca existió" ese registro, más allá de la "propaganda" del Consell cuando hace siete años anunció que legalizaría la prostitución.

El diputado del PP José Marí ha instado al PSPV a plantear un debate "serio" sobre las medidas contra la crisis, y no del "nivel" de hablar sobre locales de alterne, a lo que Moreno le ha instado a que tenga "un poco de conocimiento", ya que en todos los periódicos se habla del alcalde del PP detenido en Polop que supuestamente trató en un local de este tipo el asesinato de su predecesor.

Marí ha lamentado que los socialistas no hablen de que el PP baja los impuestos y el PSOE los sube; ha defendido que la ley de Acompañamiento fue "un invento socialista"; ha explicado que el establecimiento por ley del límite de endeudamiento del IVF lo hace "más transparente", y ha reivindicado que la gestión centralizada de la tesorería mejorará su control.

A las críticas a la modificación para que los conductores de los consellers pasen a ser personal eventual de confianza, el PP ha defendido que también lo son los de los ex presidentes de la Generalitat y los de los ministros, y que no hay puesto de mayor confianza que poner "la vida en la conducción de alguien".

La diputada de Compromís Mireia Mollà ha cuestionado la "mala práctica" que se hace de esta ley, por ejemplo para ampliar el plazo de los expedientes sancionadores a farmacéuticos o para incluir cláusulas de precio aplazado con sus correspondientes intereses en los contratos de obras e infraestructuras, que "en la práctica lleva a la quiebra de la caja autonómica".

Marga Sanz, de Esquerra Unida, ha considerado que el PP ha convertido esta norma en una "ley escoba que degrada" el parlamentarismo, a lo que César Augusto Asencio (PP) ha replicado que con esta ley se hacen cambios rápidos de cuestiones "de poca enjundia" que si se tramitaran de forma ordinaria serían como "matar moscas a cañonazos".