LEVANTE-EMV/EP VALENCIA
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El modelo de sanidad pública gestionada por una empresa privada que en España inauguró la Comunitat Valenciana, con el hospital de Alzira, puede tener los días contados. El Congreso de los Diputados acordó ayer la toma en consideración de una proposición de ley de IU-ICV con la que, gracias al apoyo del PSOE, se pretende "parar los pies" a la privatización del Sistema Nacional de Salud (SNS), sobre todo en Madrid y la Comunitat Valenciana.
Dicha propuesta, que también contó con el apoyo del BNG y la abstención de ERC y los nacionalistas de CiU y PNV, afecta a la actual Ley 15/1997 sobre habilitación de nuevas formas de gestión del SNS, y obliga a que la prestación y gestión de los servicios sanitarios se lleve a cabo mediante acuerdos, convenios o contratos con "personas o entidades exclusivamente públicas", en los términos previstos por la Ley General de Sanidad.
Igualmente, establece que se mantendrá el carácter público en todo lo referente a la titularidad, financiación, gestión y provisión de servicios sanitarios y sociosanitarios. A partir de ahora, el texto continúa su tramitación y se abre un plazo de enmiendas que posteriormente serán debatidas en el marco de la Comisión de Sanidad.
Durante el debate en el pleno, la diputada socialista Pilar Grande reconoció no estar de acuerdo con el texto presentado por el diputado de IU Gaspar Llamazares, e incluso defendió la colaboración público-privada en materia sanitaria, aunque finalmente apoyaron la propuesta para "poner coto a esta locura privatizadora" que está promoviendo el PP en las comunidades donde gobierna, especialmente Madrid y Comunidad Valenciana, ya que "cada vez aleja más al paciente del centro del sistema para poner en él la factura que produce este paciente", explicó Grande. En este sentido, la diputada socialista citó como ejemplo los casos de Alzira, Denia y Torrevieja, en la Comunitat Valenciana, y Valdemoro, Móstoles, Villalba, Torrejón de Ardoz y los siete nuevos hospitales que se están construyendo en Madrid.
Pilar Grande confia en que, durante la tramitación parlamentaria de este cambio de ley, se pueda seguir manteniendo una sanidad pública, gratuita, equitativa y de calidad, "respetando las competencias autonómicas y en el ejercicio de su responsabilidad".
IU avisa de los peligros
Por su parte, el diputado de IU Gaspar Llamazares, impulsor de esta proposición de ley, defendió que la actual normativa es "un monumento a la inseguridad jurídica" que, según explicó, "ha servido de puerta para la privatización del SNS". Del mismo modo, aseguró que la intromisión de entidades privadas en la gestión de la sanidad pública supone un mayor coste, ofrece "una eficacia ruinosa" del sistema y afecta negativamente a los ciudadanos, que de seguir este modelo "se verán obligados a pagar para poder utilizar los centros asistenciales".
Por su parte, el diputado popular Mario Mingo aseguró que con esta propuesta se pretenden "desmantelar las mejoras" que ha ido adquiriendo el SNS ya que, explicó, todas las comunidades utilizan "las mejores formas de gestión buscando lo mejor para sus ciudadanos". "La ciudadanía quiere que la asistencia sanitaria sea efectiva, clara, con los mejores medios" y "gratuita", añadió.