M. GALLEGO/J. A. M. ALICANTE
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Que la investigación por la muerte a tiros hace dos años de alcalde de Polop, Alejandro Ponsoda, no acaba con la detención del actual regidor, Juan Cano, es la idea que ayer lanzó el abogado Antonio Martínez Camacho, representante legal del segundo de los siete detenidos hasta el momento por estos hechos, un empresario de la población, Salvador Ros. Este mismo letrado ya apuntó, días antes de que Cano fuera arrestado, a la existencia de un "cargo público" entre los presuntos implicados en el crimen.
Martínez Camacho argumentó que "tramar el asesinato de una persona es algo tan gordo y se corre tanto riesgo que tiene que haber algo muy grande detrás. Ésta no es una historia que se monte así como así". El letrado mantiene que "si el trasfondo es, como parecer ser, el urbanístico, tiene que haber alguien más, aunque sólo sea para que comprara los terrenos". El defensor de Salvador Ros, quien ha vuelto a quejarse de que la juez aún no le haya comunicado los cargos, visitó ayer al empresario en prisión, donde permanece desde que prestó declaración. Según Martínez Camacho, su defendido asegura que "nadie le puede haber visto con Juan Cano ni en el reservado de un club, donde asegura que nunca ha estado, ni en ningún otro lugar". El abogado agregó que puede deberse a un "error de identificación".
Puesta a disposición judicial
Hoy está previsto que el alcalde de Polop sea puesto a disposición de la juez que instruye el caso para que declare si instigó el asesinato de su antecesor en el cargo. Cano será trasladado hasta La Vila-Joiosa desde la Comandancia de la Guardia Civil en Alicante, en cuyos calabozos ha permanecido desde su detención. El primer edil fue apresado por agentes de la Unidad Central Operativa (UCO), que se desplazaron hasta su domicilio aprovechando la noche para evitar la presencia de periodistas y vecinos.
El detenido ya ha prestado declaración ante la Guardia Civil, un testimonio del que no han trascendido detalles aunque el regidor siempre ha mantenido que no tiene relación alguna con la muerte a tiros de Ponsoda, con quien sí mantuvo continuos enfrentamientos por cuestiones urbanísticas. Cano es el séptimo detenido por estos hechos que comparece ante la magistrada. Todos están en prisión.
De llegar a juicio, el alcalde no será juzgado por un jurado popular porque algunos imputados también lo están por tenencia ilícita de armas. Es el caso de Raúl M. T., que el 4 de diciembre será juzgado por armas y narcotráfico.
