El IVF dobla su capacidad de endeudarse

J. G. G. VALENCIA El Instituto Valenciano de Finanzas, el "banco" público de la Generalitat, doblará en 2010 su capacidad de endeudamiento, al pasar de 650 a 1.300 millones, mientras que incrementará en un 285% -de 70 a 270 millones- su capacidad para otorgar avales, según denunció ayer la portavoz socialista de Economía, Cristina Moreno, en el pleno en el que el PP rechazó las enmiendas a la totalidad de la oposición contra la ley de acompañamiento a las cuentas de 2010.
El texto, mediante el que el Consell aborda el cambio de 20 leyes tan variopintas como la de protección de los animales, Hacienda, Consell Jurídic o Tasas (para cambiar o eliminar, entre otras, la de los locales de alterne), mereció las críticas de la oposición por recurrir a esta vía que apenas permite el debate. Para Moreno, el cambio de la ley de Hacienda para que el endeudamiento del IVF tenga categoría de deuda pública de cara a negociar en el mercado de valores, unido al desmesurado incremento, busca simplemente "que ruede la bola" y el Consell siga endeudándose.

1.600 millones de rebaja fiscal
El vicepresidente económico, Gerardo Camps, quien presentó la ley, sólo habló de los cambios legales para rebajar impuestos, obviando el resto. El conseller enfatizó que sumando el efecto de los nuevos beneficios fiscales y la rebaja del IRPF en 2010, el impacto acumulado de los mismos "a costa del presupuesto de la Generalitat" será de 1.606,7 millones. Moreno señaló al respecto que en 2009 prometieron un ahorro en el IRPF de 235 millones, pero la Agencia Tributaria ha declarado que fueron sólo 28 millones. Por ello, tachó estos beneficios fiscales de "mentira, propaganda, derroche y deuda". José Marí (PP) recriminó al PSPV que no hable de las rebajas fiscales de los populares y de que, "con el PSOE, suben los impuestos".
Sobre el cambio legal para que los chóferes del Consell sean personal eventual, Marí indicó que también los conductores de los ex presidente de la Generalitat son eventuales. Mireia Mollà (Compromís) censuró que las rebajas fiscales no discriminen en función de la renta, y también que se castigue a los farmacéuticos al ampliar el plazo de los expedientes sancionadores de 4 a 8 meses y convertir en negativo el silencio administrativo. Marga Sanz, de EU, recriminó que se use la ley para "saltarse" el acuerdo con los sindicatos sobre la función pública.