JUANJO GARCÍA GÓMEZ VALENCIA
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El leonino contrato firmado por las Corts con la concesionaria del servicio de cafetería y restaurante de la Cámara garantiza a Serunión durante un año, hasta el 1 de marzo de 2010, 40 menús diarios en el comedor, a razón de 12 euros. En total, 480 euros diarios, se consuman o no las comidas. La media diaria de clientes es de 6 menús, lo que supone un coste de 408 euros en menús perdidos. Una "sangría", como desvela un informe interno de las Corts. Sin embargo, los primeros que no utilizan el restaurante son los propios responsables de la institución, con la presidenta, Milagrosa Martínez, a la cabeza. La titular de la Cámara tira de tarjeta para visitar, con cierta asiduidad, restaurantes de fuera del Parlamento, en lugar de utilizar unas instalaciones en las que la Cámara invirtió 1,7 millones de euros. Y ello pese a tener 40 menús en las mismas Corts que se pierden cada día.
Sin ir más lejos, el martes, la presidenta, que hizo bandera de la austeridad frente a su predecesor Julio de España, "continuó" la reunión de la Mesa de las Corts en un selecto restaurante de la calle Segorbe de Valencia. El coste puede rondar los 100 euros por barba. Al menos hubo cuatro comensales. A la misma hora, en las Corts, se "perdían" otros 400 euros en menús no consumidos que habrá que abonar a Serunión. Otros miembros de la Mesa también pasan facturas de comidas fuera de la institución.
Tanto en la Mesa como en la junta de portavoces, Martínez trasladó su "preocupación" por el despilfarro que supone el comedor de la Cámara, ya que, se lamentó, los diputados no han respondido y no utilizan este servicio. Pero los mismos responsables del Legislativo son los que no frecuentan el local.
Martínez comunicó que va a hablar con la empresa para intentar rehacer el contrato, que ata las Corts dos años. Los servicios jurídicos están examinando el documento con lupa. Entre marzo y septiembre, la institución ha pagado 39.000 euros en menús no consumidos. Además, la subvención anual, entre cafetería y restaurante, asciende a 91.000 euros. La presidenta intentó implicar a los portavoces en la búsqueda de una solución.