El TSJ pide datos al PP y otros organismos antes de estudiar la querella del PSPV

REGINA LAGUNA VALENCIA El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha pospuesto la admisión a trámite de la querella presentada por cuatro diputados socialistas, para pedir previamente información al TSJ de Madrid. El objeto es no interferir en la investigación del juez Pedreira, ya que el informe policial en el que se basa esta denuncia forma parte del caso Gürtel cuya causa principal asumió el Alto Tribunal madrileño.
Las providencia dictada por el ponente de la Sala Valenciana, José Ceres, da cuenta de las diligencias solicitadas "con carácter previo a declarar si es competente o no para conocer de la querella presentada por cuatro diputados socialistas en las Cortes Valencianas contra 17 personas", según informó el TSJCV. Entre los querellados, "figuran altos cargos del Gobierno Valenciano, del Partido Popular y empresarios", como el presidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps.
La nota añade que, "sin prejuzgar esta decisión", ayer acordó "solicitar información al Tribunal Superior de Justicia de Madrid, así como al Registro de Partidos Políticos del Ministerio del Interior, al Partido Popular de la Comunitat Valenciana, a la Junta Electoral Central y a las Corts Valencianes".
La querella de los diputados socialistas se basa en el informe policial de la Brigada de Blanqueo de Capitales del 31 de julio, en el que se indica que el original de este documento se remitió, además de al Tribunal Supremo, al TSJM de Madrid, donde se investiga la causa principal iniciada por el juez Garzón.
El TSJCV informa que la Sala "quiere establecer, para el caso de que admita su competencia para estudiar la querella presentada, que los hechos a los que se refiere ésta no están siendo objeto de investigaciones judiciales simultáneas por órganos judiciales diferentes -Madrid-, pudiendo dar lugar a interferencias procedimentales, dada la interrelación existente entre los mismos, y a la que expresamente se refiere el informe policial".
Fuentes jurídicas explican que el juez valenciano estaría delimitando la competencia objetiva respecto a la causa -querella e informe policial-, y la subjetiva respecto a los denunciados, al haber aforados.
Otra tesis más plausible apunta a que sería una forma de desentenderse del asunto o dar largas por parte del tribunal valenciano, ya que la respuesta de Madrid es previsiblemente afirmativa.
De este modo, al estar conociendo el juez madrileño del informe policial -no olvidemos que el TSJCV lo devolvió al archivar el cohecho-, el juez valenciano podría no admitir a trámite la querella para no dar lugar a "interferencias" y para que no se produzcan "investigaciones judiciales simultáneas por órganos judiciales diferentes", como señala la nota del TSJCV.
Así, el tribunal valenciano no podría hacer nada mientras no se inhibiera Madrid y sólo en el caso de que hallara indicios de delito contra los aforados autonómicos denunciados, cuya competencia es ineludible e indubitada.
No obstante, para el portavoz del PSPV en las Corts, Ángel Luna, la respuesta del juez "deja claro que lo que denunciamos tiene indicios de delito ya que, en ningún momento lo pone en cuestión". Y añade, "lo único que trata es de dilucidar quién tiene que investigar esos hechos, quién tomaba determinadas decisiones en el PP u ocupaba los cargos en tal fecha". Para Luna, "esto es lo más alejado que puede haber de un archivo".
El embrollo de Sitel
y las grabaciones
La portavoz del Gobierno valenciano, Paula Sánchez de León, dijo ayer que el Ejecutivo no pedirá la nulidad del "caso Gürtel", sino una "reparación" de derechos fundamentales si se demuestra que las grabaciones telefónicas que sustentaron el proceso contra Francisco Camps son ilegales. La portavoz cree que ha habido una "interpretación excesiva" de sus declaraciones y que no se contradicen con los argumentos del PP nacional "que cuestiona el sistema de grabación al margen de los casos". No es la primera vez que el Consell manifiesta posiciones encontradas, explícitas o no, en el asunto de las grabaciones del caso Gürtel. Ya hubo una queja formal a la Fiscalía al entender que en el proceso se excluían grabaciones positivas hacia el jefe del Consell. Entonces se enfatizó que el proceso "estaba viciado de origen", lo que podría abocar a su nulidad. Una de las escuchas era de Correa. Manifestaba a su abogado que un presidente no se podía vender por unos trajes. Esos días no se cuestionó el origen de las escuchas, en contradicción con la "doctrina Trillo" que emitía el PP nacional. Las grabaciones entre Correa y su abogado llevaron a la abogacía a pedir la nulidad del sumario. También el vicepresidente Juan Cotino dijo al respecto que existen funcionarios que se extralimitan en sus funciones por órdenes del Gobierno y espían a quien no deben. "No hay que usar atajos para desprestigiar al adversario", sostuvo.