Patente de corso, una licencia para saquear

R. MONTANER COLL VALENCIA La patente de corso, el permiso que concedían los gobiernos a los navegantes para capturar los barcos de sus rivales a cambio del botín, "era una forma barata de defender las costas y atacar el comercio del enemigo", explica el historiador británico David Goodman en su libro "El poderío naval español".
Si hay un nombre que ha pasado a la historia como sinónimo de corsario ese es el de sir Francis Drake, quien desde 1560, junto a su pariente John Hawkins, otro corsario célebre, fue el terror del comercio de las Indias españolas y de los convoyes de plata de las minas de México y Perú que cruzaban el Atlántico rumbo a España. "Drake campaba a sus anchas, actuaba en el Caribe y atravesaba el estrecho de Magallanes para atacar las costas de Chile y Perú", cuenta Goodman.

Una práctica legal hasta 1856
Aunque España ha pasado a la historia como una víctima del corsarismo, al igual que el resto de potencias también recurrió al corso, especialmente a partir de Felipe III. Los corsarios españoles al servicio de los últimos Austrias, guipuzcoanos sobre todo, hundieron 704 barcos entre 1621 y 1697", apunta.
El corsarismo no se prohibió oficialmente hasta la Conferencia de Paris de 1856, cuando se equiparó a la piratería a través de un tratado que suscriben todos los países excepto Gran Bretaña, EE UU y Alemania, cuyos submarinos practicaron este viejo oficio durante la II Guerra Mundial al atacar a mercantes con bandera neutral.