Los alcaldes recelan del Plan Confianza

JUANJO GARCÍA GÓMEZ VALENCIA La caja de la Generalitat sufre tal deterioro que los alcaldes no acaban de fiarse del Plan Confianza, el programa estrella del Consell de Camps para luchar contra la crisis, contrapuesto al Plan E de Zapatero. Según ha podido saber este periódico, responsables municipales han trasladado a las constructoras locales que deseen entrar en el plan de inversión local de la Generalitat que si ésta se retrasa en los pagos, como se da como previsible incluso entre munícipes del PP, tendrán que asumir los costes financieros de la demora, ya que el ayuntamiento no puede hacerse cargo. Otros ediles optan por incluir cláusulas en los pliegos o en los contratos para dejar constancia de que el ayuntamiento no asume ninguna responsabilidad respecto al abono de las obras o sobre los intereses generados por el eventual retraso en el pago. La nota común en la sorprendente desconfianza que levanta el Plan Confianza.
En Ontinyent, donde gobierna la popular Lina Insa, el ayuntamiento aprobó la semana pasada el convenio para llevar a cabo las obras del programa de Camps. Sin embargo, el interventor local emitió un informe advirtiendo de que, si no se aclara en los contratos, el consistorio tendrá que cargar con los costes financieros de las obras.
La vicepresidenta segunda de las Corts, la socialista Isabel Escudero, dio ayer la voz de alarma desde la Cámara al alertar sobre la denuncia que le ha hecho llegar "un grupo de constructores interesados en la adjudicación" de estas obras. "Si un constructor quiere optar a la adjudicación de alguna obra del Plan Confianza, primero ha de convertirse en prestador de la Generalitat y, si se da el caso, asumir los intereses", se lamentó Escudero, para destacar que, "de forma paradójica, el plan se ha bautizado con el nombre de Confianza. Parece una broma de mal gusto".
Según las normas reguladoras del Plan Especial de Apoyo a la Inversión Productiva en municipios de la Comunitat, con una dotación de 1.020 millones de euros, establece que los municipios de menos de 10.000 habitantes decidirán y gestionarán las obras mientras en los que superen esa cifra será Consell quien lleve las riendas, salvo que se firme un convenio para determinadas actuaciones. En este caso, las iniciativas las gestionará también el municipio pero la Generalitat es la que debe pagar.

El contraste con el Plan E
En algunos ayuntamientos, el alcalde ha informado a los constructores locales de las posibilidades que abre el plan, aunque advirtiéndoles de que se hagan la idea de que tendrán que asumir el coste del retraso de la Generalitat en pagar, ya que el ayuntamiento no puede apechugar con ello. Todo un contraste con el Plan E del Gobierno central en el que, una vez reconocidas las obras, Madrid transfirió el 70% de los fondos mientras el restante 30% se pagará contra certificaciones de obra.
En el plan del Consell, un alcalde ha llegado a garantizar a los contratistas que si en un año la Generalitat no ha abonado, buscará una fórmula para evitar la quiebra de las empresas. Azotadas por la crisis, las firmas no pueden renunciar al Plan Confianza, pero éste puede ser su tumba financiera si el Consell no responde. Otra opción barajada es que las constructoras, con el contrato en la mano, obtengan los fondos vía préstamos, asumiendo igualmente los costes financieros. Un alcalde del PP consultado por este periódico vio la alarma lógica, dada la situación que se vive, pero "de momento infundada". Como prueba aseguró que él ha ingresado casi el 30% de una obra del Plan Confianza.