Justicia tiene un atasco de 2.500 sentencias de conductores sin ejecutar

PILAR G. DEL BURGO VALENCIA Los servicios sociales de Instituciones Penitenciarias no dan abasto para mover la maquinaria burocrática que se necesita para ejecutar las sentencias por delitos contra la Seguridad Vial, en las que una pena inferior a dos años de prisión se puede conmutar por trabajos en beneficio de la comunidad (TBC)
El aluvión de fallos judiciales que se dictan al mes, alrededor de seiscientos, ha colapsado el servicio, según reconoció a Levante-EMV el director del Centro de Inserción Social (CIS) y responsable de los servicios sociales penitenciarios de la Comunitat Valenciana, Santiago Leganés, que admitió que hay 2.500 sentencias pendientes de ejecutar.
Para hacer frente a esa ingente cantidad de pronunciamientos judiciales sin cumplir, el Ministerio de Justicia ha activado un plan de choque y ha contratado a siete empleados para sacar el trabajo en cinco meses.
Uno de los grandes escollos que dificultan la ejecución de estas sentencias es la escasez de plazas disponibles para que los conductores condenados realicen los trabajos en beneficio de la comunidad que se les ha impuesto.
Los convenios se suscriben fundamentalmente con municipios, organizaciones no gubernamentales e instituciones públicas, si bien ayuntamientos grandes como el de Valencia apenas oferta una treintena de plazas para que los usuarios que han cometido delitos contra la Seguridad Vial puedan resarcir el daño cometido.

Limpieza y cuidado de enfermos
Los trabajos más habituales son el de la limpieza de la vía pública, pintura, cuidar enfermos... y cualquier destino que revierta en un fin positivo para la población general.
La otra cara de la moneda es que los conductores condenados deben ser vigilados por personal de la institución para controlar el cumplimiento de las ocupaciones adjudicadas.
"Son los que nos informan de si fallan, porque un quebrantamiento del trabajo podría dar lugar al ingreso en prisión", indicó Santiago Leganés.
La duración de los trabajos está en función de la gravedad del delito y puede oscilar entre los 22 días, que es la pena mínima, a un año. Los conductores con delitos relacionados con un exceso de velocidad, alcoholemia o conducir sin carné que sean condenados a menos de dos años de cárcel y quieran permutar la pena harán cuatro horas diarias de trabajo en beneficio de sus congéneres.
El atasco burocrático comenzó a gestarse a principios de año, tras el endurecimiento de la Ley de Seguridad Vial que tuvo lugar a finales de 2007. En mayo de 2008 entró en vigor la consideración de que conducir sin carné, o hacerlo después de haber perdido todos los puntos, era delito.
Durante ese primer mes fueron detenidas más de mil personas a las que se castigó con penas de seis meses de prisión, multa y trabajos en beneficio de la comunidad.