Cuatrocientos cumplimientos al mes

La reforma del Código Penal realizada a finales de 2007 que agravó los delitos contra la Seguridad Vial sirvió para disuadir a algunos conductores temerarios y para que otros que apretaban demasiado el acelerador se quedaran sin puntos y se vieran implicados en un proceso judicial que podía acabar en cárcel o, en su defecto, en una serie de días de trabajos en beneficio de la comunidad.
La medida que fue bien acogida por los colectivos sociales tropezó con la desconfianza de las instituciones y ayuntamientos donde los condenados tenían que cumplir sus labores sociales para dejar de ser demonios de las carreteras y convertirse en ángeles benefactores de los ciudadanos.
Los juzgados tramitaban los casos y los magistrados dictaban las sentencias pero la aplicación se quedaba en suspenso. La propia Federación Valenciana de Municipios y Provincias reconoció en mayo del año pasado que no había adoptado ninguna iniciativa para animar a los ayuntamientos a ofertar plazas para realizar este tipo de trabajos en beneficio de la comunidad.
A fecha de hoy son unas cuatrocientas las plazas en ayuntamientos y ongs con las que cuentan los servicios sociales penitenciarios para remitir a los condenados por conducción temeraria.