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R. LAGUNA VALENCIA
Dos vecinos de Bétera podrían entrar en prisión por dedicarse a la caza ilegal de aves en peligro de extinción. Hace dos años fueron sorprendidos por una patrulla de la Guardia Civil cuando volvían de cazar dos cernícalos en un paraje del Camino de la Providencia. El fiscal pide para los dos acusados dos años de prisión por la captura de dos aves que pertenecen a una especie protegida.
La titular del juzgado de lo penal número 7 de Valencia suspendió el juicio previsto ante la ausencia de uno de los dos acusados y dio orden a la Policía Local de Bétera para que le localice.
Lo hechos ocurrieron el 8 de junio de 2007, sobre las diez de la noche, cuando José Luis B. G. y Robert A. S. se dirigieron a un paraje del término municipal de Bétera con una red de un tamaño aproximado de un metro y medio cuadrado. Una vez allí y aprovechando la oscuridad, cogieron la red y atraparon dos cernícalos.
Al parecer, los cazadores las querían para criarlas en cautividad en el palomar que uno de los acusados tiene en su domicilio, según manifestaron.
Poco después, ya de vuelta con los animales, los dos cazadores fueron sorprendidos sobre las 23.45 horas cuando volvían a Bétera con las dos aves, después de que la Guardia Civil les diera el alto en un control rutinario.
Especies amenazadas
Los agentes comprobaron que se trataba de cazadores furtivos que aprovechaban la noche para cazar aves protegidas y que los animales pertenecían a la especie Cernícalo Vulgar, un ave catalogada como de interés especial por el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas.
Como ocurre con toda ave de presa, la caza del Cernícalo Vulgar está prohibida durante todo el año. Pero es que, además, se encontraban en época de veda, con lo que incumplían el reglamento de caza. Hay que señalar que la orden anual de veda de 2007 establecía, como días hábiles para la caza en zonas no acotadas, determinados días incluidos todos ellos entre el 12 de octubre y el 6 de diciembre. Por tanto, se habían adelantado en cuatro meses a la época de caza.
El fiscal ha pedido la penas de dos años de prisión para cada uno de los acusados por un delito de caza ilegal. Además, pide la inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de cazar o pescar por tiempo de cuatro años, más las costas del juicio.
Antes de la vista oral, el juez les requirió para que aportaran la licencia de caza vigente el día de los hechos, en caso de poseerla. De lo contrario, podrían incurrir en otro delito, el de tenencia ilícita de armas, lo que podría agravar la pena de prisión.
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