J. RUIZ/J. GARCÍA VALENCIA
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El comité de empresa de la Conselleria de Hacienda, departamento al que está adscrito el Parque Móvil de la Generalitat y sus conductores, habló ayer de "corrupción generalizada" en los pagos al colectivo de chóferes por los servicios prestados. El órgano, que representa a los cerca de 40 conductores de altos cargos adscritos a Economía y Hacienda, está estudiando incluso acudir a la vía penal al considerar que el Consell lleva a cabo un uso "partidista" del vehículo oficial y un presunto uso fraudulento de los fondos públicos para compensar a los empleados por las horas extraordinarias.
El pronunciamiento del comité coincide en el tiempo con la investigación que, tal como publicó el pasado lunes Levante-EMV, ha abierto un juzgado de Valencia a raiz de la denuncia presentada por un ex conductor de Industria que admite que se falseaban partes de servicio para cobrar dietas. El comité avala esta denuncia y va más allá al asegurar que esta práctica es generalizada en toda la Administración. La clave está, según aseguran, en el abuso del coche oficial que fuerza a los conductores a acumular horas extraordinarias e incluso a renunciar a sus vacaciones. Dado que la ley limita la compensación económica de estas horas, la Generalitat, en lugar de contratar a más personal, ha buscado vías alternativas para resarcir al colectivo. En Hacienda, por ejemplo, se hace mediante dietas por servicios inventados. En otras conselleries, añaden, se les paga una cantidad fija en concepto de módulos por festividad, nocturnidad o localización a los que, en realidad, no tienen derecho. Sería el caso de la Conselleria de Solidaridad.
Justicia, por su parte, sencillamente abona una cantidad fija de 300 euros, una especie de "tarifa plana", denuncia el comité que obliga a los conductores a trabajar sin horario.
En medio de este conflicto, el PP aprobó ayer con sus únicos votos la polémica enmienda a la ley de acompañamiento de los presupuestos que convertirá en asesores a los conductores de los consellers. Mireia Mollà (Compromís) sacó a la palestra el escrito firmado por 66 chóferes reclamando que se dé marcha atrás a una modificación que entienden busca someter al colectivo. El PP renunció a explicar la enmienda.