Ni el Consell se sabe el Estatut

JUANJO GARCÍA GÓMEZ VALENCIA El nuevo Estatuto de Autonomía, aprobado en marzo de 2006, no sólo sigue en estado virginal -la comisión que debe desarrollarlo sólo se ha reunido una vez- sino que ni siquiera el principal promotor, el Consell de Camps, lo conoce. Y eso que se invirtieron fondos en una campaña de difusión de la Carta valenciana. El PP tuvo que echar mano ayer en las Corts de una enmienda de la oposición para eliminar de la ley de acompañamiento a los presupuestos la reforma de la ley del Consejo Jurídico Consultivo que eleva de 3.000 a 6.000 euros el listón a partir el cual el órgano homólogo al Consejo de Estado debe emitir informe en las reclamaciones de los ciudadanos. ¿El motivo? El Consell pretendía modificar la norma ignorando que el Estatuto protege los órganos clave de la Generalitat exigiendo para la modificación de sus leyes una mayoría cualificada de tres quintos en las Corts. Una mayoría que la ley de acompañamiento no iba a obtener, con lo que la reformar era ilegal.
El portavoz adjunto popular César Asencio explicó que se produjo un "error" de la Conselleria de Economía al incluir este cambio en la ley. Un reconocimiento que no se hizo en el debate en el pleno hace una semana. Encima, para elevar ese tope basta un decreto del Consell, que es lo que hará ahora el Ejecutivo de Camps. Los populares aprobaron sólo 2 de 99 enmiendas de la oposición a la ley de acompañamiento, que queda lista para la votación final en el pleno.

Los populares rechazaron las enmiendas del PSPV que pretendían establecer el silencio positivo en las ayudas por la ley de la Dependencia, si en el plazo de seis meses no hay resolución. El socialista Antonio Torres censuró que se están tramitando los expedientes con dos años de retraso, y criticó que la Comunitat acumula la mitad de resoluciones que la media de las autonomías. José Marí (PP) admitió que ha habido "retrasos" pero defendió que si el silencio positivo se generalizase se acabarían otorgando ayudas a personas "que no son dependientes, y eso sí sería un engaño".

Frente a la crisis, menos tributación para el juego. La ley de acompañamiento también rebaja en un 50% la tasa aplicable a las máquinas recreativas que se encuentren en situación de suspensión temporal de la explotación. En el pleno, el popular César Asencio defendió esta medida ante las dificultades económicas, al entender que es mejor reducir la tasa a la mitad a que "se acabe dando de baja la máquina y no se pague nada durante todo el año".

En la votación de la enmiendas de EU que planteaban la eliminación de las rebajas fiscales del Consell, los socialistas se abstuvieron. El texto avala la disminución del 0,25% en la escala autonómica del IRPF y la reducción de la cuota íntegra de la renta en un 10% en el caso de contribuyentes con dos o más hijos e ingresos inferiores a 24.000 euros. Lluís Torró (EU) cuestionó estas reducciones en tiempos de crisis y, en todo caso, propuso rebajar el listón a 22.000 euros. Mireia Mollà (Compromís) reclamó que al menos se fije una progresividad para que se ahorre más quien más lo necesita. El PSPV sí votó en contra de los artículos.

La modificación legal mediante la que los ayuntamientos tendrán que pagar el desvío de servicios en las obras impulsadas por el Consell, rebajada posteriormente con una autoenmienda del PP, aún se dulcificará más. A instancias del socialista Francesc Signes, los grupos mayoritarios acordaron negociar de cara al pleno una enmienda transaccional que acote el tipo de obras que deberán costear los ayuntamientos. Signes, que consideró la medida un "atraco" a la Administración local de una Generalitat "endeudada y dilapidadora", solicitó que los municipios sólo se encarguen de los servicios "mínimos y obligatorios" de su competencia.

Los populares aprobaron una autoenmienda que exime de la exigencia de autorización previa a las grandes superficies comerciales que se instalen en municipios de menos de 40.000 habitantes con más de 1.500 metros cuadrados dedicados a la venta. De este modo, el permiso se reduce a los centros con superficie de venta de 2.500 metros. EU planteaba elevar a menos de 65.000 habitantes el listón para superficies a partir de 1.500 metros cuadrados.