El Consell azuza la polémica por el Estatuto catalán en vísperas del día de la Constitución

JULIA RUIZ VALENCIA El Consell azuzó ayer la polémica sobre un posible recorte del Estatut catalán por el Tribunal Constitucional con un pronunciamiento oficial en el que denunció presiones y chantajes a la Carta Magna. La portavoz del Consell, Paula Sánchez de León, leyó una declaración institucional con motivo de la celebración del día de la Constitución plagada de alusiones al debate que ha suscitado en Cataluña la posible sentencia del alto tribunal mutilando aspectos claves del texto. De León mantuvo que la Carta Magna no puede ser modificada por la vía de la presión o el chantaje y reivindicó las competencias del Tribunal Constitucional "sin ningún matiz y sin ninguna excepción".
Según la portavoz "frente a determinadas manifestaciones y presiones que están tratando de laminar la fortaleza de la Constitución", el Gobierno valenciano celebrara este día con "serenidad". La consellera diferenció entre un modelo de Estatuto autonomista y "un Estatuto que vulnere la Constitución" e incidió en la defensa cerrada del Tribunal Constitucional, un órgano cuestionado por el bloqueo en el proceso de renovación de sus miembros.
De León, sin embargo, a preguntas de los periodistas, evitó ir más allá y rechazó que la denuncia sobre las presiones se refiriera de manera concreta a la editorial conjunta publicada por la prensa catalana. Cabe apuntar que aunque el PP presentó hace tres años un recurso contra el Estatut catalán para tumbar asuntos como el concepto de nación o la financiación, en la actualidad la estrategia de Génova ha cambiado. Aunque el recurso es innegociable, el PP no quiere granjearse más votos en contra apareciendo como el partido que recorta las aspiraciones de autogobierno en Cataluña.
El PP, por su parte, también decidió ayer "calentar" la celebración de la Carta Magna y en concreto, los actos que organiza hoy la Delegación de Gobierno presididos por la vicepresidenta del Gobierno, Maria Teresa Fernández de la Vega.
Los populares valencianos hicieron suya la ofensiva que en su día inició el vicesecretario de Comunicación, Esteban González Pons, contra De la Vega por su empadronamiento en Beneixida. Así, anunciaron un escrito ante la Fiscalía para que investigue la posible responsabilidad penal de la alcaldesa de este municipio, la socialista Eva María Roig, por permitir el empadronamiento "irregular" de la vicepresidenta. Y anunciaron una reclamación administrativa para que la de baja de oficio en el padrón y le imponga una sanción económica que oscila entre 30 y 600 euros por unos hechos que calificaron como "delito electoral". Los populares entienden que la alcaldesa podría incurrir en un delito de prevaricación si no actúa contra la "inscripción indebida" de la vicepresidenta en el padrón y aludieron a la sentencia de la Audiencia de Madrid dando la razón a González Pons.
El secretario general del PP y el vicesecretario, Antonio Clemente, y José Ciscar, respectivamente, indicaron que su objetivo "desempadronar a la fuerza a De la Vega", quien, dijeron, sólo "vuelve a casa por Navidad".