PILAR G. DEL BURGO VALENCIA
?
La repugnancia social que provocan los malos tratos contiene un filo muy oscuro que, finalmente, al único que favorece es al agresor que ha hinchado a su pareja a vejaciones y palizas.
Todos los años, alrededor de cincuenta condenados por violencia machista, que además en muchos casos ni siquiera lo reconocen, salen impunes del castigo impuesto después de ese largo y dolorosísimo proceso judicial para la víctima al no haber suficientes plazas para cumplir las jornadas de trabajo en beneficio de la comunidad que es la pena que se les impone cuando el delito es leve. El castigo ronda los treinta días. El promedio de penados que se escapan al cumplimiento de la ley es de cuatro al mes.
Así lo ha reconocido a Levante-EMV el director del Centro de Inserción Social y responsable de los servicios sociales penitenciarios de la Comunitat Valenciana, Santiago Leganés, quien admite que hay ayuntamientos y organizaciones no gubernamentales que exigen que no se les remitan maltratadores. El rechazo es explícito y rotundo.
El tiempo siempre juega a favor de estos delincuentes pues la condena, cuando es leve, prescribe al año de haberse dictado. Para evitarlo, la única opción de Instituciones Penitenciarias es remitirlos a los equipos de limpieza, jardinería y obras que hay en Centro de Inserción Social (CIS) de la cárcel de Picassent, que se convierte en el último paradero de la ejecución de la sentencia.
Los días de trabajo que se imponen a los condenados por violencia machista con penas más graves, aunque nunca superiores a dos años, pueden llegar a los 300 y siempre debe haber un equipo de vigilancia que controle e informe del cumplimiento de estas ocupaciones sociales.
En caso de quebrantamiento, el condenado puede ir a prisión, como también ocurre. "Al principio no se lo creen, lo ven muy lejano pero cuando acaban dentro se llevan la sorpresa; sí que hay y cada vez más de violencia de género y de seguridad vial", apunta el director del CIS.
Las 1.200 condenas de violencia de género que al año se dictan en la Comunitat Valenciana tienen también una cara B, que es la lista de espera que existe para la ejecución de los trabajos en beneficio de la comunidad. La demora se sitúa en estos momentos entorno a los seis meses y es el preludio para que algunos de ellos salgan indemnes del delito.
Hay 600 condenados por haber infligido maltrato físico o psicológico que están a la espera de que se les asigne un destino para realizar esta acción social a la que les obliga el fallo judicial y que habitualmente se desarrolla en brigadas de limpieza y obras de los municipios que no ponen reparos a acogerlos.
El tipo de pena que se les impone resulta bastante cuestionable, según apunta el director del CIS, ya que se supone que el trabajo en beneficio de la comunidad se realiza para desagraviar y compensar a las víctimas del propio delito, como puede ocurrir en caso de los infractores de Tráfico.
Pero en los aterradores casos de la violencia machista, ¿cómo pueden compensar esos hombres a las mujeres dañadas, cuya sola presencia les desencaja el rostro? No hay fórmulas, ni tampoco ellas lo aceptarían tras el pánico acumulado.
"El trabajo en beneficio de la comunidad no tiene sentido en la violencia de género; lo ideal sería que hicieran un programa para prevenir recaídas y evitar reincidencias", declara el director del CIS, que destaca que en esta situación el condenado no puede cuidar a las víctimas de su delito, "sería lo ideal pero no lo más adecuado".
Los trabajos en beneficio de la comunidad consisten en jornadas de cuatro horas y tienen acceso a ellos los condenados a penas inferiores a dos años. Cuando la prisión impuesta supera este tiempo, el violento ingresa en prisión.
Sin embargo, cuando la pena no supera los dos años de cárcel se les oferta la posibilidad de acogerse a los programas de rehabilitación de tres organizaciones: la Facultad de Psicología de la Universitat de València que se llama Contexto, el conocido como Previo que se realiza en Benimaclet y los que dirigen los psicólogos del Centro de Inserción Social de Picassent.
La propuesta habitualmente surge del abogado del maltratador quien le sugiere que se acoga a estas iniciativas para reducir la condena y la respuesta casi siempre es afirmativa ("mas vale estar en el programa que en la cárcel"), lo que se traduce que en estos momentos hay 360 penados por haber cometido un delito de violencia de género en tratamiento rehabilitador.
Y al final de todo el proceso, lo más lamentable es que la gran mayoría de los condenados por violencia de género no asume el delito y no asume el tratamiento, aunque el 90% lo cumpla íntegramente.
