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J. G. G./AGENCIAS VALENCIA
Nueva ofensiva del PP de Francisco Camps contra el Gobierno, esta vez por la financiación local. El vicesecretario general del PPCV, José Ciscar, y el coordinador general del partido, Alberto Fabra, anunciaron ayer la organización de un encuentro con sus alcaldes, portavoces y concejales en la Comunitat Valenciana para ayudar a los ayuntamientos "a resistir" hasta que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero apruebe la nueva ley de financiación local en una época de crisis en la que deben prestar los mismos servicios con "700 millones menos que les ha quitado el Estado", aseveró Fabra.
Voz a la "sociedad civil"
En el macroacto, que se celebrará a finales de enero o principios de febrero -aunque siempre antes de la convención autonómica de empleo a la que asistirá Mariano Rajoy-, se dará voz a la sociedad civil, según el PP, con la presencia de proveedores "perjudicados" y técnicos especialistas, para "orientar en esta resistencia" y elaborar una nueva propuesta de financiación local. El alcalde de Castelló, Alberto Fabra, será el encargado de presentar la ponencia de política de gasto, mientras que la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, se ocupará de la Política de Ingresos e Inversión. La alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, y el presidente Francisco Camps cerrarán el acto.
La iniciativa de los populares obvia que el propio Consell, tanto con Zaplana como con Camps, ha incumplido sus compromisos con los ayuntamientos. En especial, la promesa pendiente desde 1999 de crear el Fondo de Cooperación Municipal, con el fin de compensar a los alcaldes por los servicios que se ven obligados a prestar de competencias del Consell.
Ayer, Ciscar constató que si antes de la crisis la situación económica de los ayuntamientos era ya "insostenible" en estos momentos un nuevo modelo de financiación resulta ya "urgente". No obstante, lamentó que el Ejecutivo de Zapatero "ha incumplido" su promesa de resolver simultáneamente la financiación autonómica y local y "ahora la traslada a 2011, con lo que si todo va bien se aprobará en 2012". "Si fuera de aplicación la legislación de quiebra y suspensión de pagos, algún ayuntamiento se acogería a ella", afirmó Ciscar.
Hasta un 50% menos
Fabra enfatizó que esta nueva financiación es "urgente", teniendo en cuenta que deben prestar los mismos servicios a pesar de que los ayuntamientos han visto una reducción de sus ingresos de entre el 10 y el 50% respecto a los últimos años. En total, el Gobierno "ha quitado" 700 millones de euros a las entidades locales de la Comunitat Valenciana. Los ayuntamientos, alertó, ya no saben de "dónde sacar el dinero", a pesar de que aproximadamente el 30% de las competencias que asumen no le son propias. Buena parte de éstas son autonómicas.
Fabra concretó que, para 2011, el Estado ha consignado 326 millones menos para los ayuntamientos de la Comunitat, un 20% menos; además de que deben abonar el 30% de la parte final del Fondo de Inversión Local, lo que supone 260 millones; más los 40 millones que deberán pagar con la subida del IVA a partir del junio de 2011 y los 100 millones que deben devolver del dinero que recibieron en los últimos años. En total, esos 700 millones.
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