El abogado de Ulibarri se querella contra Garzón

EFE/LEVANTE-EMV.COM El abogado Ignacio Peláez, defensor de un empresario imputado en el "caso Gürtel", ha presentado ante el Tribunal Supremo (TS) una querella contra el juez Baltasar Garzón por un presunto delito de prevaricación por ordenar la grabación de las comunicaciones en prisión de los cabecillas de la trama.

En la querella se recuerda que el 19 de febrero de 2009, el magistrado de la Audiencia Nacional dictó un auto secreto, que prorrogó el 20 de marzo, para ordenar la intervención de las comunicaciones que mantuvieran en prisión Francisco Correa, Pablo Crespo y Antoine Sánchez con sus abogados, especialmente con José Antonio Rubal, también imputado en la causa.

El letrado querellante denuncia que Garzón autorizó de forma genérica e indiscriminada la intervención de las grabaciones de cualquier letrado, siendo "perfectamente conocedor de la ilicitud e ilegalidad que estaba cometiendo".

Peláez, que representa al empresario José Luis Uribarri, indica que Garzón continúo adelante con su actuación pese a que el Ministerio Fiscal le requirió varias veces para que corrigiera dichas conductas ante la manifiesta ilegalidad de las mismas.

En una de las comunicaciones grabadas por orden de Garzón, que trascendió una vez que el pasado mes de febrero se levantó el secreto de parte del sumario, se recoge una conversación entre Peláez y Pablo Crespo, ex secretario general del PP gallego, en la que éste dice que cree que el presidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, "se habrá pagado él, de su bolsillo" los trajes.

El mismo día en el que se grabó esa conversación, el pasado 6 de marzo, el letrado también mantuvo una comunicación como abogado con el presunto líder de la trama, Francisco Correa, que habló de que habían salido "unos temas nuevos" sobre el alcalde de Arganda del Rey, Ginés López.

"Como consecuencia de la ilegítima intervención, se han escuchado y transcrito conversaciones que contienen nuestra estrategia de defensa", afirma la querella, en la que se considera que con la intervención de comunicaciones se ha provocado una situación de indefensión.