El PP rechaza que se compense a los municipios por el retraso en pagarles

J. G. G. VALENCIA El PP hizo ayer bueno, en el arranque del debate en comisión de los Presupuestos de la Generalitat para 2010, el dicho de que una cosa es predicar y otra dar trigo. Los populares han diseñado una ofensiva contra Zapatero por la financiación local,y el lunes convocaron un encuentro con alcaldes, proveedores y técnicos para denunciar la "discriminación". Cuarenta y ocho horas después, los populares rechazaron en las Corts una enmienda del PSPV que pide que el Consell, en los convenios de colaboración con las entidades locales para la ejecución anticipada de proyectos de inversión, concrete las fechas de pago y fije un mecanismo de compensación económica si la Generalitat incumple los plazos.
La socialista Cristina Moreno denunció que la situación de los ayuntamientos es "crítica", debido también al "incumplimiento" desde 1999 de dotar el Fondo de Cooperación Local. Eduardo Ovejero (PP) acusó a los socialistas de no tener "vergüenza política" por criticar la falta de ese fondo, cuando el Gobierno de Zapatero "margina económicamente" a la Comunitat.

Aval para Ford Credit
Los populares aprobaron su enmienda que permite avalar hasta 50 millones a Ford Credit España para facilitar las operaciones del Plan Vive del ICO. Moreno se preguntó si además se pretende que Ford Credit España financie a la Generalitat el programa de ayuda a la compra de vehículos. El PP tumbó las propuestas de Mireia Mollà (Compromís) sobre transparencia en los contratos públicos y publicación de la relación de altos cargos y asesores, y sus retribuciones. Un veto que contrasta con el hecho de que el código anticorrupción de Rajoy exige máxima transparencia en los contratos y sueldos públicos.
Los populares también descartaron eliminar la indemnización por cese de los altos cargos, de tres meses, que según Mollà busca "llenar barrigas". El popular José Marí defendió que la medida no es una "prebenda", y que la "dignidad" de la actividad política debe ser reconocida, al tiempo que deslizó que en Madrid el cese, compatible con cualquier percepción (a diferencia del Consell), es de veinte meses.