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FRANCESC ARABÍ VALENCIA
Los problemas que lastran al PSPV son múltiples. El principal es que afronta las autonómicas de 2011 con 440.000 votos y 18,3 puntos de desventaja respecto al PP. Hay otros que tienen que ver con conflictos identitarios y existenciales de la izquierda (quiénes somos, a dónde vamos...), de mensaje (qué proponemos) o de público (a quién queremos dirigirnos). Pero en el socialismo valenciano, incluida la ejecutiva nacional, hay consenso generalizado en que, más allá de los contenidos, hay dos graves problemas que, en el plano instrumental, complican la remontada. En primer lugar, el hecho de que el secretario general de los socialistas valencianos, Jorge Alarte, no sea diputado y portavoz en las Corts, lo cual le daría una proyección pública de la que ahora carece. En segundo lugar, el error garrafal de haber disuelto una estructura comarcal que era el sistema nervioso central del PSPV en sus más de 30 años de existencia.
Fue disuelta en aplicación de los estatutos del PSOE y, con arreglo a los mismos, será recompuesta en parte en con la constitución de los llamados consejos comarcales, que han de elegir un coordinador. El proceso, ya en marcha, pondrá a prueba el liderazgo de Jorge Alarte, quien está dispuesto a echar el resto para situar peones de su confianza en el máximo de comarcas para atar en corto el partido. Será la segunda vuelta de aquellos congresos provinciales que evidenciaron que, a grandes rasgos, Alicante es territorio de Leire Pajín y Castelló de los afines a Ximo Puig y, una minoría, a la secretaria federal de organización. El pulso que se avecina servirá de aperitivo de la confección de las listas electorales, que todavía queda lejos pero se augura más movido de lo que ya de por sí resultan estos procesos. El distanciamiento progresivo entre el secretario general y la número tres federal (moción de Benidorm o querella Gürtel mediante) y ese idilio de la senadora con Ximo Puig y afines aventuran que a Alarte no le será nada fácil imponer su criterio sin contar con el resto de las familias.
En teoría los citados coordinadores serán elegidos por los consejos comarcales, que estarán constituidos, según estatutos, por los alcaldes o portavoces locales, los secretarios generales municipales o, si este puesto lo ocupa el alcalde o portavoz, la persona que designe la ejecutiva local. Reunido el consejo comarcal elegirá al coordinador y a otros dos cargos comarcales para llevar acción electoral y política institucional. Los coordinadores no tendrán competencias políticas más allá de la intendencia y de ser interlocutores ante la ejecutiva provincial y nacional, pero servirán para que los colectivos locales, especialmente en municipios pequeños, vuelvan a tener un referente a mano. Será un proceso parecido a las asambleas que de ediles que eligen al diputado del partido judicial para las diputaciones. Votan los concejales pero con las pertinentes consignas desde arriba y, en este caso, seguro que también desde las provinciales.
Tercer borrador por el consenso
La similitud es mayor de lo que pueda parecer porque el consejo comarcal pese a su nombre no responderá a las comarcas sino a los partidos judiciales. Una idea que va en la línea del PSOE de intentar ajustar los órganos del partido a las realidades de las circunscripciones, para poder exigir responsabilidades por resultados, pero que en el PSPV está levantando ampollas, dado que la comarca está muy asentada en el imaginario del partido, especialmente allá donde existe una mayor identificación de la sociedad con una realidad comarcal que está viva.
Precisamente por estas reticencias y con el ánimo de conciliar los estatutos con los sentimientos y la realidad social y orgánica, la responsable de organización, Elena Martín, está preparando el que es ya el tercer borrador de reglamento, según fuentes de la dirección. Martín quiere conciliar intereses y llevar el reglamento al comité nacional del 30 de enero pero habiéndolo consensuado con las diversas familias e intentando atender las especiales características de las comarcas, aunque los estatutos no ofrecen ninguna posibilidad a contemplar excepciones. No tiene por delante una misión nada fácil.
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