De «pata negra» del PP a azote de consellers

JUANJO GARCÍA
VALENCIA En apenas unos meses desde su elección por las Corts con los votos del PP y del PSPV, José Cholbi, un auténtico «pata negra» de la formación popular, se ha cambiado el traje de hombre de partido y ahora luce la independencia de la institución repartiendo mandobles a los consellers que se cruzan en el camino de las quejas con respuestas insuficientes a los problemas de los ciudadanos. Su designación vino acompañada de numerosas críticas por su perfil marcadamente político. Cholbi pasó de ocupar la vicepresidencia primera de las Corts como diputado del PP a, de un día para otro, convertirse en Síndic de Greuges. Sus detractores recordaron su militancia desde el primer momento en Alianza Popular y sus cargos en el PP y en las instituciones, e incluso su pasado con responsabilidades en el franquismo en Alicante, aunque, valga la broma, el movimiento se demuestra andando. Quizá por todos estos condicionantes, Cholbi se está empleando en la «descompresión» política. Para marcar el terreno. «Cholbi no es un meritorio y no iba a dejar que el colofón a su carrera política quede emborronado haciendo un papelón en la defensoría», asegura una persona cercana al Síndic de Greuges.
De momento, el actual Defensor del Pueblo valenciano está rompiendo el guión. La primera sorpresa sonada la dio en verano, cuando, en respuesta a una queja presentada por la dirección del grupo socialista de las Corts sobre la «manipulación» de Canal 9, contestó instando al ente público a respetar el pluralismo político y ser objetivo y veraz. Las presiones posteriores no le han doblado el brazo porque, con fecha 30 de noviembre, avaló sendas quejas de UGT y CC OO, de un lado, y de Intersindical Valenciana, por otro, y volvió a emplazar a RTVV a «extremar los esfuerzos» para asegurar la pluralidad en los programas.
A Intersindical le concedió además la exigencia al ente público de que se reactive el funcionamiento del Comité de Redacción «como un instrumento para evaluar la adecuación de los diferentes programas de contenido informativo al pluralismo político», así como la petición de puesta en marcha del Consell Audiovisual de la Comunitat Valenciana. También reclamó que se dé «satisfacción» a las reivindicaciones laborales de los trabajadores de RTVV en cuanto a la «escasa utilización de la contratación indefinida frente a la temporal» o «lograr la publicación del convenio colectivo».
Al Síndic tampoco le han dolido prendas a la hora de quejarse ante Sanidad porque una médico no atendió a un paciente de Benicarló que se negó a hablar en castellano, y porque la Administración contestó también en castellano a la reclamación del ciudadano. La conselleria alegó que se veía obligada a contratar a médicos de otros países, como en este caso, o de otras comunidades. El Defensor le respondió que, aunque «no puede limitarse el número de trabajadores por no tener conocimiento de valenciano», los ciudadanos valencianos «tienen derecho a usar la lengua cooficial que elijan en sus relaciones con los poderes públicos», lo que obliga a la Administración a promover cursos de formación lingüística para que estas personas llegadas de fuera atiendan «con normalidad el servicio que tienen encomendado». Al tiempo, recordó a Sanidad el «deber legal» que tiene de relacionarse con los ciudadanos «en la lengua oficial elegida por éstos».

Discapacitados y retrasos
En otro caso, el Síndic instó a cuatro conselleries (Presidencia, Educación, Hacienda y Justicia) a aplicarse para garantizar la igualdad en la educación de los alumnos discapacitados. Frente a los pretextos ante el retraso en sustituir a una especialista de educación especial que atendía a un discapacitado, Cholbi rechazó las excusas de mal pagador y respondió que la «satisfacción tardía« de este derecho «debe ser entendida como una causa directa de perjuicios para la igualdad efectiva en el disfrute del derecho a la educación», y como un «incumplimiento de las obligaciones que, en este ámbito, pesan sobre los poderes públicos».
En Bienestar Social, ha exigido a la conselleria que pague las prestaciones a los familiares de personas que fallecieron, desde la petición hasta el momento de la muerte, y que no cobraron por el retraso en la tramitación. En otro caso, censuró que la dilación en responder a una petición de renta de ciudadanía «supera con creces no sólo los plazos legales sino también cualquier plazo razonable».