El jefe del Consell pide igualdad de trato para la agricultura valenciana

LEVANTE-EMV VALENCIA El presidente de la Generalitat, Francisco Camps, quiso cumplir ayer con el compromiso que asumió con el campo valenciano y aprovechó la Conferencia de Presidentes para trasladar el malestar expresado por los sindicatos agrarios AVA-Asaja y la Unió de Llauradors ante las concesiones de la Unión Europea a Marruecos en la importación de frutas y hortalizas. Camps exigió al Gobierno español que defienda ante la UE igualdad de trato a los cítricos y tomates valencianos -la Comunitat Valenciana es el cuarto productor de España- respecto a esos productos cuando proceden del país alauita.
Los sindicatos agrarios denunciaron que el convenio con Marruecos, prácticamente una declaración de puertas abiertas -salvo las clementinas y otros productos como el calabacín, el pepino o la fresa- tendría un efecto demoledor sobre el ya castigado sector citrícola. De hecho, el presidente de AVA-Asaja, Cristóbal Aguado, reclamó que España votara en contra de este acuerdo en el Consejo de Ministros europeo que debe ratificarlo. Ayer, Camps hizo de correa de trasmisión de esas reivindicaciones, tal como había prometido. Desde el campo valenciano se subrayó hace dos semanas que el pacto con Marruecos era el primer fracaso del Gobierno de Zapatero, después de "intentar colgarse la medalla" de que lo había suspendido, según comunicó el ministerio a los agricultores tras la gran manifestación del sector agrario español celebrada el 21 de noviembre en Madrid.
Entre los argumentos defendidos por los sindicatos valencianos del campo, asumidos por el presidente Camps para exigir que se defienda la igualdad de trato para la agricultura valenciana, está el hecho de que la producción marroquí utiliza el dumping social, económico e incluso fitosanitario como principal baza competitiva.
Por otra parte, Camps reivindicó públicamente una mejora de la financiación autonómica, pese a la revisión del modelo y la entrada en vigor del nuevo el próximo 1 de enero. El sistema remodelado prevé una inyección de 1.300 millones de euros adicionales para la Comunitat Valenciana, pero la suma sigue siendo considerada por el Consell como claramente insuficiente. El PP denunció que el Gobierno primó a Cataluña y Andalucía con las que mantuvo unas negociaciones bilaterales de privilegio, mientras que sigue sin reconocer la realidad de los cinco millones de habitantes de la Comunitat Valenciana.