El PP saca adelante la rebaja fiscal

EFE Les Corts Valencianes han aprobado hoy, con los únicos votos a favor del PP, la ley de Acompañamiento de los Presupuestos de la Generalitat para 2010, que incluye una rebaja fiscal, que según los cálculos del Consell beneficiará a 4 millones de personas y supondrá un ahorro de 1.606 millones de euros.

El pleno ha visto hoy las 96 enmiendas de la oposición que quedaban vivas a la también conocida como ley de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera y de Organización de la Generalitat, y de las que sólo se han aprobado dos del grupo socialista.

Los grupos de la oposición, que han votado todos en contra de la norma, han criticado que se utilice esta ley para modificar una veintena de leyes que en su opinión deberían reformarse por los trámites ordinarios, mientras que desde el PP se ha defendido que se han hecho las variaciones "justas y necesarias".

El conseller de Economía, Gerardo Camps, en los pasillos de Les Corts, ha afirmado que con su voto en contra a esta ley la oposición está demostrando que está "a favor de que se suban impuestos", algo que a su juicio solo favorece que la crisis "dure más tiempo", mientras que una rebaja fiscal "recupera la confianza del consumidor" y de las empresas, lo que incentiva la inversión.

La ley incluye la modificación del tramo autonómico del IRPF, que supondrá un ahorro anual de 20 millones de euros para 1,6 millones de valencianos; y a la que se suma una deducción del 10 por ciento para las familias con dos o más descendientes menores de 24 años o con discapacidad y con unos ingresos brutos que no superen los 30.000 euros.

La portavoz de Economía del PSPV-PSOE, Cristina Moreno, ha criticado que se plantee una modificación de los impuestos cedidos en base al nuevo modelo de financiación, "que están rechazando en Madrid", lo que ha provocado que la Comunitat Valenciana "no haya cobrado todavía los 1.500 millones de euros" que éste aporta.

El "rechazo del PP" a este modelo, ha advertido, también impide que la norma, que se quiere modificar a través de la ley de Acompañamiento, "esté en vigor", ha afirmado y ha señalado que las arcas valencianas recibirán el 50 por ciento de los 500 millones de euros más que el Estado recaudará a través de la subida del IVA.

Moreno ha pedido al PP la retirada de sus propuestas fiscales para afrontar "un debate real, cierto y serio, que no sea una subasta y una mentira", lo que ha sido rechazado por su homólogo popular, José Marí Olano, quien ha sostenido que el PSPV "rehuye" este tipo de cuestiones porque "no les interesan lo más mínimo".

Marí Olano ha instado a los socialistas a "renunciar a subir el IVA a todos los españoles" en lugar de pedir al PP que renuncie a lo que da a la Comunitat Valenciana "un escaso sistema de financiación", y ha lamentado la imposibilidad de llegar a un acuerdo sobre financiación con el PSPV porque no quieren decir al Gobierno que la Comunitat está "la última por la cola".

La portavoz de Economía de Compromís, Mireia Mollà, ha criticado que con este modelo fiscal "mucha gente está pagando los platos sucios de los poderosos", que son los que tienen una "protección especial", y la diputada de EU Marga Sanz ha destacado que en "plena crisis se rebajen impuestos directos, cuando sólo deberían aplicarse a las rentas más bajas".

PP y PSPV han consensuado una enmienda que afecta a la modificación de le ley sobre la Protección de los Animales de Compañía recogiendo las demandas de la Federación para la Protección y Defensa del Animal (FEDENVA), que se oponía a que empresas privadas puedan gestionar la recogida de animales abandonados.

La alegación da prioridad a las asociaciones de protección y defensa de los animales en la gestión de estos servicios municipales, prohíbe las mutilaciones por estética y amplía a dos el número de representantes de estas asociaciones en el Consejo asesor y consultivo en materia de protección de animales.

El PP también ha acordado con los socialistas una enmienda transaccional para que los ayuntamientos sólo corran con los gastos de reposición de servicios en las obras que la Conselleria de Infraestructuras ejecuta en sus municipios cuando afecten a "servicios mínimos y obligatorios" o a "bienes públicos locales".