Los funcionarios de prisiones se encierran para protestar

EP/LEVANTE-EMV.COM Miembros de la Junta de Personal de la Administración del Estado en la provincia de Valencia, pertenecientes a los sindicatos Acaip y USO, se encerraron hoy en la sede de la Subdelegación del Gobierno "en protesta por la situación existente en las prisiones españolas en particular, y en la Administración General del Estado en general".

Según informó Acaip-USO en un comunicado, el sindicato ha iniciado un proceso de movilizaciones "por el grado de degradación existente en el medio penitenciario español y los continuos incumplimientos de la administración penitenciaria para con los empleados públicos" del sector.

En el caso de Picassent (Valencia), Acaip afirmó que se pone "en grave riesgo de forma innecesaria la seguridad de los trabajadores, en un módulo que, pese a haber sido el escenario de un secuestro de funcionarios hace dos años, alberga a internos muy peligrosos pese a continuar teniendo muy graves deficiencias en materia de seguridad".

Asimismo, denunció que se está produciendo un "endurecimiento" en la política de personal del centro, donde se modifican "criterios a la hora de concesión de permisos, vacaciones, que en muchos casos dificultan la conciliación de la vida laboral y familiar". "Estas modificaciones suponen una inseguridad jurídica para los funcionarios que no saben cual será el criterio a aplicar en cada momento", afirmó el sindicato.

Acaip explicó que la administración penitenciaria ha "incumplido" el acuerdo de 29 de marzo de 2005 en aspectos como la segunda actividad del personal en contacto directo con los internos o la adecuación del organigrama de los centros penitenciarios y la creación de nuevos puestos de penitenciarios.

Según la organización sindical, desde marzo de 2005 al 30 de octubre de 2009, el incremento de la población reclusa, excluida Cataluña, se cifra en más de 14.002 internos, lo que supone un incremento del 27% en poco más de cuatro años mientras que el número de funcionarios "se mantiene o incluso en algunos centros disminuye".

Por ello, los funcionarios de prisiones "no pueden garantizar su integridad física, ni la de los internos a su cargo". Asimismo, criticó que existe una "incapacidad política de los máximos responsables de prisiones, que se muestran incapaces de defender ante los distintos organismos ministeriales los incrementos de plantilla que ellos mismos en privado reconocen como necesarios".

En esta línea, indicó que los incidentes regimentales en las prisiones "se disparan" porque "cada día se producen más amenazas y agresiones a trabajadores penitenciarios y entre los internos". Asimismo, criticó que mientras se "recorta salvajemente" en gastos necesarios como el mantenimiento de los centros, "se producen auténticos despilfarros de dinero instalando televisores de plasma en todas y cada una de las celdas de los centros de nueva construcción, comprando bicicletas de montaña de más de 750 euros para que los internos de algún centro hagan salidas terapéuticas, salidas de internos a balnearios o a cenas en restaurantes típicos, o disparando el número de altos cargos y asesores "a dedo.