El constructor encarcelado compró terrenos junto al río Gorgos que el PP planeaba reclasificar

A. P. F. LLÍBER La compenetración entre el gobierno de Llíber del mandato de 1999 a 2003 (tres ediles del PP y uno de Iniciativa Independent) y los promotores implicados en la trama urbanística era total. Tanto es así que aquel equipo de gobierno trabajaba en un concierto previo de PGOU que, si bien no legalizaba las viviendas ilegales que entonces se construían a decenas, sí que reclasificaba zonas no urbanizables donde los constructores habían adquirido previamente terrenos. En ese PGOU, el PP pla-neaba convertir en urbanizable una ladera de montaña situada junto al río Gorgos. El promotor Miguel M., ahora en prisión por la presunta estafa urbanística, ya había adquirido los terrenos y llegó a abrir un vial, pero las obras las paralizó y precintó el Seprona. Aquella reclasificación no tenía además mucho futuro, ya que se trata de un área protegida por el LIC (lugar de interés comunitario) del río Gorgos.
El desmadre urbanístico que se vivió en Llíber entre 1999 y 2003 da pie a todo un catálogo de ilegalidades urbanística. La más común era la de construir en suelo no urbanizable en parcelas de menos de 10.000 metros cuadrados. Las licencias eran para restaurar una ruina, que a menudo ni existía, o hacer un almacén con parte habitable. Pero se construían chalés de nueva planta. Incluso un promotor se edificó una casa con licencia para un mirador en la cima de una montaña y sobre un yacimiento arqueológico de la edad del bronce.