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El caso de corrupción urbanística destapado en la localidad de Llíber, en la comarca de la Marina Alta, ha removido otros similares surgidos en otros municipios de la Comunitat Valenciana. En Ontinyent, promotores de la ciudad construyeron chalés en suelo no urbanizable y sin licencia de obras y los vendieron a ciudadanos ingleses que buscaban en las sierras ontiñentinas un retiro tranquilo y adquirieron "engañados" las viviendas, desconociendo que éstas eran ilegales.
Entre los ingleses afectados por la compra de éstas viviendas en el diseminado ontiñentino se encuentra Ken Scott, que adquirió la casa en 2004. La cara del inglés lo decía ayer todo al ser preguntado por "el problema urbanístico" de su vivienda y la de sus vecinos, también ingleses, que adquirieron sus chalés confiados de la legalidad de las construcciones.
Scott descubrió que su casa era ilegal al ver como paralizaban otras de la zona, cuando la suya ya estaba acabada y vivía en ella. "Esto en Inglaterra no pasa", decía sorprendido, y añadía, cauteloso, que "nuestros abogados se están ocupando del asunto". Desde el comienzo del proceso, Scott ha contratado tres abogados, el primero "muy malo", decía en el poco español que hablaba, ya que le aseguró que "todo está bien". Como él hay otros tres ingleses que adquirieron las viviendas al mismo promotor y se han aliado para reclamar conjuntamente una solución a su problema.
"Explosión" del caso ontiñentino
La fecha en la que Scott y sus compatriotas adquirieron las viviendas es "clave" en el desarrollo urbanístico del diseminado de Ontinyent, ya que promotores de la ciudad comenzaron a construir chalés adosados con la finalidad de lucrarse con la venta de los mismos. El extrarradio de Ontinyent alberga unas 6.000 viviendas y hasta esos años predominaban los casos de propietarios particulares que se construían sus viviendas. La aprobación de la Ley Urbanística Valenciana, de 2005, contemplaba más restricciones a la hora de construir en determinados suelos y los promotores optaron por actuar "al margen de la ley".
Las construcciones en suelo no urbanizable vendidas a ciudadanos ingleses en Ontinyent son un claro ejemplo y a Ken Scott y a otros compatriotas les vendieron las viviendas asegurándoles que "no había ningún problema".
Aunque lo cierto es que sobre algunas de estas urbanizaciones recaen denuncias por infracciones urbanísticas. En la de Scott, el Seprona realizó un informe en 2004 en el que denunciaba el "movimiento de tierras que suponen alteración de las cotas de los bancales, sin licencia de obras". Tras ello, el Ayuntamiento de Ontinyent realizó las pertinentes comprobaciones y resaltó que "el movimiento de tierras tiene, aparentemente, un fin urbanístico", con lo que ordenó la paralización de las obras. Era la "explosión" del problema del diseminado de Ontinyent. A partir de entonces comenzaron a realizarse las movilizaciones.
Pero los constructores finalizaron las construcciones sin la licencia y las vendieron sabiendo que eran ilegales. Los afectados piden que la Fiscalía investigue a estos promotores, como ha sucedido en el caso de Llíber.
Registraron una vivienda en una parcela vacía
La "peculiaridad" del caso de las viviendas ilegales del diseminado de Ontinyent esconde, además, casos más que curiosos como el de una vivienda supuestamente construida en una parcela hoy vacía. El caso se ha conocido porque un promotor pidió que elimine las afecciones registrales que recaen sobre una parcela de su propiedad por la construcción de un chalé ilegal. Estas parcelas están situadas junto a otras en las que sí hay construcciones, también fuera de ordenación. Lo curioso es que el Registro de la Propiedad señala que en una de las parcelas que el promotor pide la retirada de las afecciones consta "descrita una vivienda con una superficie construida de 125 metros cuadrados". El Ayuntamiento de Ontinyent certifica que un técnico "ha comprobado que no existe ninguna vivienda en dicha parcela". ¿Quién dio fe de que había una vivienda que no existe?
