Los imputados por la trama urbanística de Llíber empiezan a ser legión. Tras prestar declaración en calidad de detenidos ante la Guardia Civil, ayer quedaron también imputados un notario de Xàbia y dos abogados, cuyos nombres no trascendieron. La participación del notario en la estafa puede estar relacionada con la presunta falsificación de escrituras y de documentos de compraventa.

El número de imputados en este escándalo de corrupción urbanística es ya de quince. Además del promotor Miguel M., también de Xàbia, y del ex alcalde de Llíber, José Mas Avellá, del PP, y el ex aparejador municipal, Amador Signes, que están los tres en prisión provisional, están imputados cinco empresarios, el actual alcalde del municipio, tres ediles (uno del PSPV y dos del PP) y un ex concejal socialista. Desde ayer, la investigación también ha vinculado con la trama a los dos abogados y al notario citados.

Mientras, las pesquisas también se están centrando en el patrimonio que pudo amasar el ex alcalde popular durante el mandato de 1999 a 2003, cuando se construyeron y vendieron las viviendas ilegales. José Mas Avellá adquirió durante aquellos años un coche de la marca Mercedes y, supuestamente, dos casas en las que viven sus hijos. También se reformó una vivienda antigua situada justo enfrente del ayuntamiento. No obstante, en su declaración ante la juez de Dénia, el ex alcalde al parecer negó que el automóvil y las propiedades inmobiliarias fueran regalos de los promotores a cambio de favores urbanísticos. La investigación sí que apunta a que tanto este político como el ex aparejador pudieron recibir comisiones. a. p. f./P. C. llíber

?

Poco después de llegar a la alcaldía en 2003, Juan Bautista Reus, del PSPV, ordenó que se colocaran en todas las carreteras de acceso al término municipal de Llíber carteles que aconsejaban a los posibles compradores de chalés que antes se informaran sobre la situación urbanística de esas viviendas. Fue la medida más visible del cerrojazo a la política urbanística del todo vale que en el anterior mandato había practicado el gobierno local del PP y el entonces alcalde, José Mas Avellá, quien el miércoles ingresó en prisión por permitir que se construyeran y vendieran 300 chalés ilegales.

Reus, que al igual que todos los ediles de la corporación de 1999 a 2003 está imputado por un delito contra la ordenación del territorio, recordó ayer que no fue nada fácil empezar a poner orden en el caos urbanístico de Llíber. "Recibimos amenazas y presiones de los promotores", aseguró el alcalde. "Ponían en nuestra contra a los propietarios afectados. Les decían que por nuestra culpa no tenían luz ni agua".

El primer edil asegura que él no ha concedido ni una licencia irregular. Su antecesor, en cambio, asesorado por el que fue su aparejador municipal, Amador Signes, que también está en prisión, dio permisos a discreción para edificar en suelo no urbanizable en terrenos de 3.000, 2.000 e incluso 1.000 metros cuadrados (la parcela mínima legal es de 10.000 m2).

Los promotores, que en Llíber habían campado a sus anchas, se sublevaron y, en concreto, Miguel M., quien también está encarcelado, llevó su presión hasta los tribunales con pleitos que, indefectiblemente, perdió. Pedía indemnizaciones millonarias por paralizarle el ayuntamiento sus obras.

El alcalde también recordó ayer que, en 2003, tras prescindir de los servicios del aparejador Amador Signes, el consistorio contrató a dos arquitectos que, cuando acudían a las obras ilegales para paralizarlas, recibían amenazas de promotores y obreros. El primer edil tenía que dictar un decreto y que la Guardia Civil obligara a suspender los trabajos.

La estafa sufrida por trescientas familias mayoritariamente inglesas ha provocado en Llíber, un pueblo de mil habitantes del interior de la Marina Alta, un embrollo urbanístico que tiene mala solución. El ayuntamiento no puede echar abajo todas las casas ilegales, pues, probablemente los responsables de la trama se declararían insolventes, y debería indemnizar a propietarios que compraron sus chalés por entre 300.000 y 500.000 euros. El alcalde admitió ayer que su equipo de gobierno está trabajando en un PGOU (en Llíber se aplican unas Normas Subsidiarias de finales de los 80) que puede legalizar decenas de viviendas.

Una de las zonas más conflictivas es la de les Cutes, donde construyó, sobre todo, el promotor Miguel M. Numerosos chalés no tienen luz eléctrica y sus dueños se han visto obligados a instalar paneles solares. El agua la tienen en precario. Los propietarios carecen de cédula de habitabilidad. Esta partida de suelo no urbanizable está salpicada de viviendas construidas en parcelas de menos de 5.000 metros cuadrados.