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La Federación de Trabajadores de la Enseñanza de UGT (FETE-UGT PV) celebró ayer la sentencia del Tribunal Supremo que anula los "desplazamientos forzosos de los funcionarios docentes fuera de su localidad" y condena a la Conselleria de Educación al pago simbólico de 1.000 euros por "impedir la participación sindical" a la hora de acordar la implantación progresiva de la Ley Orgánica General del Sistema Educativo (LOGSE) en la Comunitat.
La sentencia del TS, contra la que ya no cabe recurso, da la razón al sindicato, que hace siete años interpuso la denuncia contra la resolución del 1 de julio de 2002, por la cual la conselleria regula la adscripción y desplazamientos por modificación de las plantillas docentes de los cuerpos de profesores de Enseñanza Secundaria, Formación Profesional y de Régimen Especial.
Ahora, el Supremo anula "parcialmente" esta orden y "completamente" otra de la Dirección General de Personal del 12 de julio de 2002 que determina las zonas de adscripción y reubicación. Se trata de dos órdenes que repercuten sobre 14.000 docentes.
