El PP atrasa a febrero la difusión de los bienes de los diputados y el Consell regula la medida

J. G. G./F. A. VALENCIA ?
El pleno del Consell se adelantó ayer a las Corts al aprobar una modificación del decreto que regula la declaración de bienes y actividades de los altos cargos -del año 1995- para incluir la obligación de que el patrimonio de los miembros del Gobierno autonómico se publique en el "Diario Oficial de la Comunitat Valenciana" ("DOCV"). La medida se aplicará de manera que se detallen los bienes sin aclarar los datos registrales que puedan vulnerar la confidencialidad, según explicaron fuentes de la Generalitat.
Con todo, no quedó claro si, como en su día opinó el portavoz del PP en las Corts y conseller, Rafael Blasco, esa obligación afectará también a los responsables de las empresas y organismos públicos de la Generalitat. Con la modificación, "lo único que se permite es que los datos contenidos en este registro en cuanto al valor de los bienes se publique en el "DOCV" en aras de la transparencia y cumpliendo con el compromiso que adquirimos", explicó la consellera portavoz, Paula Sánchez de León, tras la reunión del Gobierno. La decisión de concretar la medida anunciada hace tiempo se produjo 72 horas antes de que las Corts debatan la propuesta del PP de reforma del reglamento de la Cámara para que las declaraciones patrimoniales de los diputados sean publicadas en el Boletín de las Corts ("BOCV").
Los populares -que presentaron la iniciativa forzados por el código ético de Rajoy y después de rechazarla cuando nació del PSPV en la anterior legislatura- intentaron ayer un requiebro de última hora. El grupo mayoritario impuso que la norma se tramitara por lectura única, lo que impide la presentación de enmiendas. Sin embargo, ayer por la tarde el PP intentó colar como enmienda técnica el aplazamiento hasta el 15 de febrero de la publicación de las declaraciones de bienes.
Tal como se presentó la propuesta del PP, tras su aprobación, la Cámara tiene quince días para publicar los documentos. Esa coincidencia con las fiestas navideñas -y la dificultad añadida a la hora de cumplimentar cualquier trámite- fue el argumento del PP para pedir que esas dos semanas empiecen a contar a partir del próximo período de sesiones, esto es, desde el 1 de febrero. La oposición exigió, para apoyar la enmienda técnica, poder presentar también sus objeciones. Ante la negativa del PP, la norma se aprobará tal cual el lunes y el martes, en la Junta de Portavoces, se hablará de la fecha de entrada en vigor de la norma. Para los diputados de la oposición puede haber gato encerrado.