EFE VALENCIA
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El PP rechazó ayer disolver la Agencia Valenciana de Prestaciones Sociales (Avapsa), la empresa pública creada por la Conselleria de Bienestar Social para gestionar la ley de Dependencia, tal y como pedía la oposición, por considerar que se trata de una "herramienta fundamental" a la que no va a "renunciar", según dijo la diputada popular María José Herrero.
El pleno de las Corts inició ayer la última jornada del debate de las enmiendas a los Presupuestos de la Generalitat para 2010 con la presencia de apenas una treintena de diputados en el hemiciclo.
El socialista Antonio Torres lamentó que 13.500 dependientes de la valencianos han fallecido "esperando a que se resuelva su expediente y disponer de la prestación que les corresponde" en aplicación de la Ley de Dependencia".
Asimismo, señaló que más de 40.000 discapacitados están esperando un certificado de minusvalía, y ha defendido un aumento de recursos para los centros gestionados por organizaciones sin ánimo de lucro, en detrimento del Capítulo 2, en el que, ha denunciado, está "blindado" el contenido económico de determinados centros. "Los centros del señor Cotino están asegurados" afirmó.
Torres reclamó la disolución de Avapsa por considerar que "ha demostrado su incompetencia total y absoluta" y su "fracaso" en la aplicación de la Ley de Dependencia. Así, pidió que el dinero de esta agencia se destine a incrementar el personal de la conselleria dedicado a la evaluación de dependientes, y abogó por otorgar directamente las subvenciones a los ayuntamientos porque, en su opinión, éstos "serán capaces de sacar del atasco en el que se encuentra" la ley.