Un promotor de viviendas ilegales creó una asociación para defenderlas

R. T. ONTINYENT Crea el problema y después exige soluciones. Esa es la "paradoja" con la que se encuentran algunos promotores de viviendas ilegales construidas en Ontinyent que después las vendieron a ciudadanos ingleses sabiendo las irregularidades de las casas. Uno de estos promotores, el gerente de la promotora Gilet Habitat Promociones,SL, Rafael Gil, que construyó cuatro viviendas en el diseminado de la ciudad sin licencia de obras y en suelo no urbanizable, impulsó la creación de la Associació en Defensa de les Casetes d'Ontinyent, Adeca.
Bajo esta plataforma ciudadana los afectados por las viviendas construidas ilegalmente realizaron actuaciones contra el anterior equipo de gobierno municipal -formado por el PSPV, Bloc y EU- al que criticaron por ordenar la paralización de aquellas obras que no cumplían la legalidad.
Precisamente el caso de las construcciones de urbanizaciones de viviendas ilegales vendidas a ingleses, como las que llevó a cabo Gilet Habitat Promociones, destapó "la caja de Pandora" del problema urbanístico de Ontinyent. Gilet inició las obras en 2004 y las paralizaciones de las obras comenzaron con promociones como las suyas y después se ampliaron a construcciones de particulares que también actuaban sin la pertinente licencia de obras. Estas paralizaciones motivaron la aparición de un Colectivo Vecinal del Diseminado que posteriormente desembocó en la constitución de la asociación Adeca.
El promotor Rafael Gil, de Gilet Habitat, impulsó el primer colectivo vecinal, del que llegó a ser portavoz, y siguió después con Adeca, que se presentó oficialmente en noviembre de 2005 aunque estaba activa desde meses antes.
Adeca inició entonces las denuncias contra el tripartito al que acusó de actuar "de manera arbitraria, al ordenar las paralizaciones de unas obras y permitir otras en la misma situación". La asociación protagonizó varias manifestaciones, como la que tuvo lugar en noviembre de 2005, poco después de presentarse oficialmente, en la que participaron unas 350 personas afectadas por el problema del diseminado.