La trama de las 300 casas ilegales de Llíber suma ya 16 imputados

A. P. F. LLÍBER Las investigaciones para desentrañar la trama urbanística de Llíber siguen adelante y ayer la juez de Dénia que lleva el caso tomó declaración a dos de los 16 imputados. Traude W., que es de nacionalidad alemana y tienen una empresa inmobiliaria, y Pedro E. O., también empresario y militante del PP de Llíber, comparecieron, según fuentes del caso, en el juzgado y respondieron a las preguntas de la magistrada sobre su participación en la construcción de casas ilegales en Llíber. Ambos empresarios figuran como imputados por estafa y cohecho desde el lunes. Un día antes, la Guardia Civil detuvo a los promotores Miguel M., quien presuntamente urdió la masiva estafa urbanística, y Trevor B. La juez envió al primero el martes a prisión, pero eludible con el pago de una fianza de 100.000 euros. Esa fianza, según varias fuentes consultadas, la podría ya haber depositado y estaría en libertad.
Si es así, los únicos que permanecerían encarcelados serían el ex alcalde de Llíber, José Mas Avellá, del PP, y el arquitecto técnico municipal hasta 2003, Amador Signes. Ambos están en prisión provisional sin fianza e imputados por prevaricación, cohecho y delito contra la ordenación del territorio.
Como ya avanzó este diario, los últimos imputados en la trama, un notario de Xàbia y dos abogados prestaron el jueves declaración en calidad de detenidos ante la Guardia Civil. En el caso hay 16 implicados, aunque ya se vislumbra que el grado de responsabilidad es bien distinto. La juez ha imputado a todos los ediles de la corporación de 1999 a 2003, cuando era alcalde José Mas Avellá, ahora suspendido de militancia por el PP, y se dieron las licencias irregulares para construir 300 casas en suelo rústico. La responsabilidad de dar los permisos era del alcalde. Además, los informes del entonces aparejador municipal, Amador Signes, eran positivos, pese a que se trataba de licencias de obra menor y, en realidad, se construían chalés de nueva planta; además, se daban para parcelas muy inferiores a 10.000 metros, que es la superficie mínima legal para edificar en suelo rústico. En esos años, se llegaron a levantar casas en terrenos de 3.00o, 2.000 y 1.000 metros cuadrados.
Los promotores de la trama, a sabiendas de que estaban cometiendo una ilegalidad, construyeron y vendieron los chalés a familias de residentes extranjeros, sobre todo, jubilados ingleses y alemanes, que luego descubrieron que, en algunos casos, no tenían ni luz eléctrica y el agua era de obra o de pozos. La imposibilidad de legalizar esas viviendas y obtener cédula de habitabilidad llevó a las familias estafadas a presentar denuncias que desencadenaron la investigación del grupo contra los delitos urbanísticos de la Guardia Civil.