´Vinimos a Llíber para vivir en paz, pero nos han engañado´

A. P. F. LLÍBER ?
Buscaban el sol y encontraron las sombras de la corrupción urbanística. Los residentes extranjeros, sobre todo ingleses y alemanes, que compraron alguna de las 300 casas ilegales de Llíber maldicen la hora en que entregaron el dinero (los chalés se vendían entre 300.000 y 500.000 euros) a agentes inmobiliarios y constructores que, habitualmente, desaparecían antes de acabar las obras. "Cuando nos dieron la casa -relata una pareja de jubilados ingleses-, tuvimos que pagar otros 20.000 euros a unos obreros para que la terminaran. ¡Y tampoco teníamos luz ni agua! Para colmo, luego nos dijeron que la licencia que el ayuntamiento nos había dado no era correcta y que nuestra casa era ilegal".
Esa misma sorpresa se la llevaron muchas familias que, entre 1999 y 2003, cuando el PP gobernaba en Llíber, compraron un terreno y se edificaron un chalé. Todas las licencias eran fraudulentas pues el entonces alcalde, José Mas Avellá, y su aparejador municipal, Amador Signes, las habían dado en suelo no urbanizable y siempre en parcelas de menos de 5.000 metros cuadrados (la parcela mínima legal es de 10.000 m2). Una cuadrilla de promotores hizo en esos años el agosto.

Con licencia, pero ilegal
"Le compramos 5.000 metros cuadrados a Montys (así se conoce al promotor Miguel Muntaner, al que la juez envió a prisión por la trama), pero sólo tenemos 3.700 m2", aseguró un matrimonio de jubilados belgas que tiene su casa en la partida de les Cutes, también en suelo rústico. "Tenemos la licencia de obras. La pagamos en 2002 al ayuntamiento. Pero ahora nos dicen que nuestra casa es ilegal".
Este matrimonio asegura que el actual alcalde, Juan Bautista Reus, del PSPV, está trabajando para solucionar el conflicto de las casas ilegales. Ellos sitúan como responsable de la estafa a Miguel Muntaner, quien vendió a los propietarios muchos de los terrenos no urbanizables donde luego se construyeron las viviendas fuera de ordenación. No obstante, también recuerdan que en los trámites de las obras tuvieron trato con el ex aparejador municipal. "Le llevamos al Ayuntamiento de Pedreguer (Signes también trabajaba allí) en un sobre 14.000 euros por los planos de la casa. Nos dijo que no contaba allí el dinero, pero que confiaba en que estuviera todo. Y no nos dio ningún recibo", aseguraron estos jubilados belgas. Luego esos planos no les sirvieron para nada y tuvieron que encargar unos nuevos a un arquitecto superior.
"Nos han engañado hasta más arriba de la cabeza", añadió la mujer belga. "Vinimos a Llíber a vivir en paz, pero estamos destrozados. Hemos gastado mucho dinero en la casa y ahora no sabemos qué nos espera. La Generalitat Valenciana debería ayudarnos".
La incertidumbre por lo que puede pasar con sus casas es compartida por todos los afectados. Les asusta que las puedan demoler. De ahí que pidan al Consell que apoye al ayuntamiento para buscar una solución y legalizarlas.
"Mi marido y yo somos inocentes. Los constructores nos dijeron que no había problema y el ayuntamiento nos dio licencia. ¿Qué culpa tenemos? Nosotros nos fiábamos. No podemos saber las normas urbanísticas valencianas", explicó una jubilada inglesa, que tiene un chalé en la zona conocida como "Las Masías".
Ese ostentoso nombre se lo pusieron los promotores, ya que edificaron enormes casas en parcelas de menos de 5.000 m2 en suelo no urbanizable. Posteriormente, dividieron los chalés y los vendieron como una suerte de viviendas adosadas. "Nosotros sabemos que no sólo hay constructores españoles implicados. Creo que Montys vendió estos terrenos, pero a nosotros nos engañó el constructor, que es inglés y está desaparecido. Esa gente son unos bandidos", dijo esta residente inglesa.