El Código Ético de Rajoy prohíbe regalos y restringe el coche oficial, el móvil y los viajes

FRANCESC ARABÍ VALENCIA ­
El Código de Buenas Prácticas del PP impulsado por Mariano Rajoy y sancionado ayer por su ejecutiva pone en evidencia la estrategia llevada a cabo por el PP valenciano cuando, en su afán de quitar hierro a los trajes regalados por la trama Gürtel al presidente Camps y otros dirigentes, llegaron a pedir la reforma del Código Penal para eliminar el artículo 426, que regula el cohecho impropio. La alcaldesa Rita Barberá comparó incluso los trajes (por 34.908 euros) regalados con las anchoas con las que el presidente cántabro, Miguel Ángel Revilla, obsequia a Zapatero.
El código ético, de respuesta al escándalo que salpica al PP, recoge, para sus cargos públicos y orgánicos, la «prohibición de aceptar cualesquiera regalos, atenciones o liberalidades que no respondan, por su importe o causa, a los usos y costumbres sociales». Los populares asumen así como norma interna el castigo del cohecho impropio pasivo. Es el punto 7 de la Carta de Compromisos, los mandamientos de la ley del PP que todo aquel que quiera ser algo en representación del partido deberá asumir. El sexto mandamiento recoge el compromiso de «separar claramente en su actuación lo público de lo privado (...) y del partido». Y en el marco de esas tres esferas, «reducir los gastos de protocolo, racionalizando el uso de medios de transporte oficial y limitar el gasto en teléfonos móviles, publicidad y viajes».

Medida de calado, si se cumple
Si esto se cumple, habrá que concluir que, parafraseando a Esteban González Pons, se acabó la fiesta. Se acabó el uso del coche oficial en actos de partido (costumbre política transversal), el abuso de la firma en las cuentas de comidas y demás excesos, desde el punto de vista del código de Rajoy. Esa Carta de Compromisos comprende una declaración de bienes y actividades, incluso cuando se pretende acceder a un puesto en el que legalmente no se exige esa transparencia patrimonial. Se dará cuenta de los inmuebles, valores o activos financieros, participaciones societarias y el objeto social de las empresas en las que se tengan intereses. Será preceptivo registrar en la declaración «las sociedades participadas por aquellas otras» de las que el político sea socio. Cuando no sea preciso publicar la declaración en el DOCV o en el Boletín de las Corts —en el caso valenciano— se entregará al Auditor de Prácticas Internas, una suerte de inspector de asuntos internos que velará por el cumplimiento del código ético.
El código recoge ocho medidas que, de haberse aplicado hace diez años, el PPCV no se habría visto envuelto en un escándalo de bigotes como el de Orange Market. Se trata de garantizar que los contratos del partido se adjudican siguiendo los principios de «publicidad, concurrencia, transparencia, igualdad y no discriminación...». Justo los preceptos que marca la Ley de Contratos para la Administración.
El código prevé Mesas de Contratación para ponderar las ofertas «en contratos que tengan por objeto la publicidad, los viajes, actos del partido y las campañas electorales». El criterio que prevalecerá es el de «la oferta económica más ventajosa». ¿Y aplicará estas normas el PP cuando se las salta habitualmente en la Generalitat, según denuncia reiterada del Síndic de Comptes? Igual que en la ley, se establece la vía de «urgencia justificada» para saltarse todas las garantías. Lo que se conoce como procedimiento negociado sin publicidad. Esto es, a dedo.