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JUANJO GARCÍA GÓMEZ VALENCIA
El Gobierno ha fijado una cantidad adicional para la Comunitat Valenciana derivada del nuevo sistema de financiación autonómica ligeramente inferior a la cifra que se había prometido, los 1.300 millones de euros en el horizonte de 2012, de los que para 2009, la Generalitat debe ingresar el 70%. Fuentes del Consell aseguraron ayer a este periódico que la cantidad concreta, que no precisaron, fue comunicada el viernes a última hora por fax al departamento de Economía. Las mismas fuentes del Ejecutivo de Camps aseguraron que la suma es inferior a lo que tanto el Consell como oposición habían dado por buena, aunque estaría "sujeta a negociación mañana [por hoy]", cuando los responsables de la Administración autonómica se desplacen al Ministerio de Política Territorial. En concreto, para este ejercicio la suma estaría por debajo de los 900 millones.
Esto significa que el importe total -el 100%- sería también inferior a los 1.300 millones. El Consell, que inicialmente reivindicaba 1.200 millones extra para actualizar el sistema, elevados hasta 1.300 millones, finalmente ha acabado reclamando hasta 2.400 millones en aplicación de los mismos criterios que, según sostiene, benefician a autonomías como Cataluña o Andalucía. La semana pasada, el PSPV aseguró que la cantidad, incluyendo compensaciones de varios fondos, se acercaría a 1.500 millones.
Ayer, la consellera de Justicia y Administraciones Públicas, Paula Sánchez de León, tuvo que anular su desplazamiento a Madrid, donde tenía previsto asistir a la Comisión Mixta de Transferencias entre la Administración del Estado y la Comunitat, debido al temporal, que dificultó la circulación por la A-3, y ante la imposibilidad de hacerlo igualmente en avión. En el encuentro se debía abordar la aceptación del acuerdo del sistema de financiación de las comunidades de régimen común y ciudades con Estatuto de Autonomía.
La reunión para la Comunitat se aplazó a hoy. Sánchez de León y el vicepresidente segundo y conseller de Economía, Gerardo Camps, asistirán a la Comisión Mixta Comunitat Valenciana-Estado, que preside el secretario de Estado de Cooperación Territorial, Gaspar Zarrías, a las 13.30 horas.
Para proveedores y el déficit
Pese a los reproches, todo apunta a que el Consell firmará el acuerdo -al igual que hicieron ayer las comunidades del PP- porque espera esos fondos adicionales como agua de mayo. Fuentes del Ejecutivo autonómico indicaron que los fondos se destinarán a pagar deuda de los proveedores de la Generalitat y a reducir el endeudamiento autonómico, el más alto de España en relación al PIB y el segundo en cifras absolutas.
El vicepresidente tercero y ministro de Política Territorial, Manuel Chaves, defendió ayer que la firma de las comunidades del PP al nuevo modelo de financiación -que recibió el visto bueno definitivo del Congreso la pasada semana- demuestra que el sistema es "bueno, eficaz" y beneficia los intereses de todos los ciudadanos.
Chaves aseguró que estas firmas de todas las comunidades "dan valor" al sistema y demuestran que es "dinámico y estable", ya que parte de un reconocimiento de los cambios demográficos producidos en España durante los últimos años y a la vez incorpora un mecanismo anual de actualización, lo que lo convierte en "mucho más flexible y eficaz" que el anterior.
A su juicio, el hecho de que ayer las autonomías populares suscribieran el acuerdo, demuestra que el principal partido de la oposición ha utilizado el sistema como un medio de "instrumentalización política". "Le ha faltado sentido de Estado y al final sus comunidades lo han firmado", criticó. Para Chaves, esto no hubiera sido posible si alguna comunidad entendiera que el nuevo modelo "lesiona" los intereses de su comunidad o sus ciudadanos. "Si lo firman es porque el sistema es bueno y favorece al conjunto de los ciudadanos", insistió antes de acusar a los populares de ejercer una política "de tierra quemada".
Las comunidades del PP dieron ayer su visto bueno al nuevo modelo de financiación autonómica, tan solo cuatro días después de que su partido lo rechazara en el Congreso y a pesar de haberse abstenido en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) del 15 de julio que votó la propuesta. Mientras que las del PSOE celebraron los nuevos recursos que aporta, las del PP lo firmaron como "un mal menor" para no quedarse sin el dinero adicional.
La Comunitat Valenciana y Cantabria no pudieron acudir al ministerio por el temporal, pero sí lo hicieron otras once, cinco del PP, más las ciudades de Ceuta y Melilla.
Para hoy, además de Valencia y Cantabria, quedan Baleares y Cataluña.
Aunque con reticencias y "a regañadientes", las comunidades del PP han apoyado, "por responsabilidad" y debido a la crisis económica, el nuevo sistema, si bien alguna de ellas, como Madrid, no han descartado llevar la normativa hasta el Tribunal Constitucional. La primera del PP que se ha adherido fue Murcia, mientras Castilla y León, que obtendrá 500 millones adicionales, también selló el modelo. El mismo dinero consiguió Galicia, mientras Canarias sumó 303 millones; La Rioja, 34; Ceuta, 15; y Melilla, 11. Por su parte, Castilla-La Mancha sumará 490 millones; Extremadura, 210; y Asturias, 206 millones.
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