Justicia no pagó los servicios de una imprenta de 2008 valorados en 600.000 euros

R. LAGUNA VALENCIA El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana ha condenado a la Conselleria de Justicia e Interior y Administraciones Públicas a pagar los servicios de imprenta contratados para el ejercicio de 2008 con Talleres Gráficos Ripoll SA por valor de casi 600.000 euros. En este caso, la Administración Pública no se negaba a pagar las facturas, simplemente no contestaba a los requerimientos y recursos de la empresa, lo que viene a denominarse silencio administrativo.
De hecho, cuando la empresa decidió acudir a los tribunales, la Generalitat Valenciana se allanó a su reclamación sin oponerse, ya que la imprenta reclamante aportó todas las facturas documentadas. Esta estrategia forma parte de la política común ejercida por la Generalitat en los últimos años, la de retrasar el pago y aconsejar a los proveedores acudir a los tribunales con la promesa de que no habrá consecuencias negativas.

Impresión de documentos
Con ello, la Generalitat es consciente de que la empresa puede pedir también los intereses de demora por el pago atrasado de las facturas, como es el caso de la imprenta Ripoll. Esta empresa exigía que se le pagaran "diversos trabajos de impresión de documentos", trabajos éstos debidamente documentados en facturas ante el tribunal.