Barberá incumple el código ético de Mariano Rajoy

F. ARABÍ VALENCIA Si el Código de Buenas Prácticas del PP, aprobado por la ejecutiva nacional del partido, se aplica a rajatabla, al menos 21 de los 33 concejales del Ayuntamiento de Valencia -los del Partido Popular- tendrán un problema, el de tener que pagar de su bolsillo las cuentas en el restaurante. El Código Ético impulsado por Mariano Rajoy para evitar en lo posible que pueda estallar otro escándalo como Gürtel contempla, en su punto sexto, "reducir los gastos de protocolo, racionalizando el uso de los medios de transporte oficiales y limitando el gasto en teléfonos móviles, publicidad y viajes". Uno de los mayores gastos con cargo a la partida de protocolo del consistorio que gobierna Rita Barberá son las facturas de hostelería que pasan los 33 concejales que se acogen al convenio municipal suscrito con 40 restaurantes de la ciudad y en el que otorga firma a los ediles para comer ellos y los acompañantes que deseen por cuenta del ayuntamiento.
Limitar el uso del coche oficial también es una medida que puede tener su impacto. Se han cumplido diez años desde que Barberá hizo extensible el derecho a coche oficial a todos los concejales, incluidos los de la oposición. Entonces se arguyeron razones de seguridad para que cada edil estuviera, además, acompañado de un escolta (cada uno tiene dos asignados y se turnan.
Otro de los puntos de la Carta de Compromisos que no se compadece con la actuación de ediles y asesores es el uso del móvil asignado por el consistorio. Políticos y altos funcionarios hicieron crecer en 2008 la factura municipal de móvil hasta los 561.000 euros, un 12% más que el año anterior. El consumo medio mensual ascendió a 46.766 euros.