El Consell coge el dinero de la financiación pero no descarta acudir a los tribunales

LEVANTE-EMV/EFE MADRID El Consell dio ayer su apoyo al nuevo modelo de financiación autonómica por responsabilidad y compromiso con sus ciudadanos, aunque no descartó tomar medidas jurídicas si se comprueba que el sistema conculca los principios constitucionales de igualdad, solidaridad y suficiencia financiera.
La Comunitat fue una de las cuatro autonomías que se adhirió al nuevo modelo de financiación, que el Gobierno de Francisco Camps ratificó en la reunión de la Comisión Mixta de Transferencias Estado-Comunidad Autónoma presidida por el secretario de Estado de Cooperación Territorial, Gaspar Zarrías, y la Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas, Paula Sánchez de León.
Tras la reunión, Sánchez de León aseguró que no pudo conocer la cifra exacta adicional que percibirá la Comunitat en 2009, ya que inicialmente el Gobierno informó telefónicamente de que serían 878 millones de euros y hoy (por ayer) les hablaron de 857, pero en el documento de acuerdo figuran 872 millones. Esta cantidad se refiere al 70% de los fondos adicionales que aportará el Estado y que debe transferir integramente para 2012. De este modo, los fondos suplementarios -cuando se alcance ese cien por cien- estarán entre los 1.224 y 1. 254 millones. El Ejecutivo, en principio, había prometido 1.300 millones, que el PSPV elevó hasta los 1.500 millones en boca de Cristina Moreno.
Ahora, según la conselleria, lo primero que hará el Gobierno autonómico es intentar determinar exactamente la cantidad y después solicitará a los servicios jurídicos que estudien si el modelo conculca algunos de los principios constitucionales, como la solidaridad, la igualdad, la lealtad institucional y la suficiencia financiera.
De ser así, la Comunitat Valenciana estudiaría las medidas jurídicas pertinentes. La Comunidad de Madrid, que también suscribió el modelo, no descartó recurrirlo ante el Tribunal Constitucional.
"Como no podía ser de otra manera", la Comunitat Valenciana, dijo Sánchez León, aceptó el sistema por "responsabilidad" y "compromiso" con sus ciudadanos, que no "pueden ser los perjudicados" por la "falta de rigor habida en todo el proceso".
Además, añadió la conselleria, los responsables políticos tienen que actuar para que los ciudadanos dispongan de los servicios básicos.
No obstante, la Comunitat Valenciana no comparte los criterios del modelo, porque los establecidos "ad hoc" han querido atender los intereses de "determinadas" autonomías.
Sánchez de León destacó también que en el sistema acordado no se atiende suficientemente el incremento de la población registrado en la Comunitat desde 1999 y dijo que el modelo "sigue situando" a este territorio "a la cola" de la financiación per cápita.
"No es justo", pero, "por cuestión de responsabilidad", el Gobierno valenciano "no podía negar ese ingreso extra" que supone el acuerdo, que "todavía no sabemos cuál es", ha indicado.
Se trata de un "proceso oscuro, poco transparente en el que no tenemos una conciencia clara de cuándo y cuánto vamos a recibir este año para atender los servicios básicos de los ciudadanos". Por ello, el Consell reclama "mayor rigor, mayor transparencia en la negociación y una financiación uniforme para todo el territorio español", en la que los criterios no beneficien más a una comunidad que a otra.