Consellers y altos cargos harán público sólo el valor catastral de sus inmuebles

FRANCESC ARABÍ VALENCIA Una de las medidas estrella del Consell para sellar su compromiso de saneamiento de la vida pública dando publicidad al patrimonio de los altos cargos se pregonó como una garantía de transparencia y al final no ha llegado a traslúcida. Los consellers y el resto de cargos políticos (de director general hacia arriba) de la Generalitat y el sector público valenciano en general sólo tendrán que hacer constar en su declaración de bienes y actividades "la suma del valor catastral ateniendo al porcentaje de titularidad" de los bienes inmuebles que presenten.
Deberán reseñar simplemente los pisos, parcelas o fincas rústicas que posean, acompañadas por su tasación del Catastro -muy inferior a la de mercado- y no tendrán que aportar referencias sobre la ubicación de los bienes, no sólo por lo que respecta a la dirección, sino que ni siquiera deberán informar del municipio o ciudad en el que se hallan.
Del mismo modo, en el modelo tipo de declaración que han de cumplimentar los altos cargos deberá apuntarse el "valor total de los otros bienes", esto es, de los activos financieros, cuentas corrientes o carteras de valores, pero sin desglosar las cantidades que corresponden a cada apartado.

Sólo para hacerse una idea
El decreto de modificación de los registros de Actividades, Bienes y derechos Patrimoniales -creado en 1995-aprobado el viernes por el Consell recoge que la declaración que se publique en el DOCV "será únicamente comprensiva de la situación patrimonial de los altos cargos y se omitirán aquellos datos referentes a su localización y salvaguardarán la privacidad y la seguridad de sus titulares". De esta forma se justifican las limitaciones a la hora de ser exigentes con los detalles de la declaración y que no se obligue a precisar si el piso está en una aldea o en el centro de Madrid. Pese a la urgencia invocada a la hora de aprobar la medida -que va en la línea del compromiso de transparencia de Rajoy-, a rebufo de las Corts, el decreto publicado ayer otorga a los altos cargos tres meses de plazo para hacer la declaración, que se difundirá en el DOCV de dentro de cuatro meses, plazo a contar desde ayer.
Los 90 días son un plazo más que razonable para los altos cargos puedan, si lo desean, maquillar o hacer un lifting al patrimonio. El portavoz del grupo popular, Rafael Blasco, justificó, a su vez, la urgencia de aprobar por lectura única la publicación de los bienes de los diputados en el boletín de las Corts en la demanda social de transparencia.