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J. G. G. VALENCIA
Con la contratación bajo sospecha por el caso Gürtel, la auditoría pública a las cuentas de la Generalitat en 2008 no dio ayer una buena noticia a la Administración Camps. El informe del Síndic pone de relieve que el 93% de los contratos fiscalizados (42 de 45) registra una o más anomalías y que en el 55% de expedientes (25) hay incidencias de mayor entidad. La existencia de fraccionamiento de contratos (dividir una actuación para tramitarla como contrato menor, lo que no exige fiscalización previa), la falta de justificación de la urgencia o emergencia en algunas obras tramitadas como tales o el hecho de que los informes de valoración de las ofertas no justifiquen adecuadamente la puntuación otorgada a cada oferta son algunas de las incidencias.
El Síndic detalla, en primer lugar, las que cataloga como «incidencias más comunes o de menor importancia observadas», que afectan a 35 de los 45 expedientes. Amén de las citadas, se apunta la falta de desglose en la factura para verificar el correcto cumplimiento del contrato o el incumplimiento de plazos. Acto seguido, el auditor da cuenta de las «incidencias más relevantes» halladas, que salpican a 25 firmas. Entre ellas, la ausencia de la aprobación del proyecto de obras, la insuficiente determinación del objeto del contrato o la falta de justificación de la licitación conjunta de la elaboración del proyecto y la ejecución de las obras. Entre un tipo y otro de anomalías, sólo 3 contratos salen limpios. En 2007, la anomalías afectaron al 95% de expedientes revisados. Sobre los contratos menores realizados en varios hospitales, el Síndic detecta que, de 62 expedientes revisados, por importe de 500.000 euros, en 9 casos, por valor de 100.000 euros, se da la coincidencia «objeto-contratista». Es el 15% de los contratos.
El informe del Síndic de Comptes recomienda a la Generalitat que, con carácter general, y en relación a la determinación de los criterios de las adjudicaciones, que las fórmulas establecidas en los pliegos permitan «de una manera razonable» que la importancia concedida a la oferta económica, en relación con los otros criterios sea «efectiva». El documento revela que la mayoría de las conselleries cumple con la obligación de comunicar al Registro de Contratos los datos exigidos. No obstante, en el caso de Educación y Deporte sólo se satisfizo la comunicación del 56,7% de los contratos, mientras que Agricultura, Pesca y Alimentación se quedó en el 70,6%.
Más contratos a dedo
En 2008, el Síndic refleja el desplome de la contratación del Consell respecto al ejercicio electoral de 2007, al pasar de 2.045 contratos por importe de 2.310 millones hace dos años a sólo 1.702 y 1.105 millones, una caída del 16,8% y del 52,2%, respectivamente. Este importe se refiere a los capítulos dos, de gasto corriente, y seis, de inversiones. En cuanto al tipo de contratación, el más utilizado es el procedimiento abierto, que absorbe el 89,4% del volumen y el 58,7% del total de los contratos. Al respecto, avisa de que no han sido comunicados al registro los contratos adjudicados a cuatro empresas públicas por 88,6 millones.
El procedimiento negociado (a dedo) se empleó en el 40% de los contratos y en el 9,7% del volumen licitado, lo que supone un aumento respecto a 2007, cuando supusieron el 37,9% y el 6,5%, respectivamente.
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