En el último año completo de Pedro García como director general no se quebró la tradición de gestionar con alegría y escaso control el dinero público de RTVV. El Síndic de Comptes detecta numerosas irregularidades en las contrataciones de Canal 9, Ràdio 9 y el ente público en 2008, especialmente en la compra de programas.
La muestra seleccionada para su fiscalización al detalle incluye ocho espacios de distintas productoras. Y el informe pone en solfa a los ocho. En todos los casos se denuncia que no se evaluó el coste previsto, ni los ingresos de publicidad que se podían generar en función de la audiencia estimada, como es preceptivo. Los expedientes tienen tantas irregularidades que ni siquiera contienen la «documentación justificativa suficiente que permita comprobar si las productoras han cumplido las cláusulas contractuales». En tres casos «no se ha hecho uso de la cláusula de rescisión contractual por no alcanzar el mínimo de audiencia previsto sino que se han renovado sin que conste en el expediente las causas que lo justifiquen», apunta el Síndic. Uno de esos espacios es «Parlem clar» (su cuota media de pantalla rozaba el 6%), cuyo director era Ramón Fusté, íntimo amigo del ex director general de RTVV Pedro García y padrino de un hijo de éste.
Problemas con Hacienda
La productora de ese espacio era Estedi, de Beatriz Delgado, entre otras razones porque Fusté no puede facturar con empresas propias para evitar que el fisco le embargue. Fusté, con domicilio social en Andorra, tuvo problemas con la Agencia Tributaria por fraude en el IVA. Como contó Levante-EMV en exclusiva, el actual director general, José López Jaraba, cortó el grifo de dos millones de euros anuales a las firmas ligadas al amigo de Pedro García. De hecho el citado debate político ha vuelto pero de producción propia. El auditor público avala la información de este diario al constatar la renovación de programas pese a las audiencias por debajo de lo pactado e incluso «con un incremento del precio», que fue del 3,3% en un concurso musical y se disparó un 49,7% en el debate. No se justifica, dice el Síndic, que recuerda: «se incumple la cláusula de que en caso de prorrogarse se hará en las mismas o inferiores condiciones económicas».
Es más, Rafael Vicente Queralt llega a constatar trato de favor a la la tertulia política dirigida por Fusté. «La documentación justificativa que debe aportar la productora es menor a la del resto de programas. Sin embargo, en el expediente no constan las causas que la motivan», advierte, para explicar la manga ancha que tenía Pedro García con ese programa, antes de su destitución disfrazada de dimisión, el 28 de agosto por su relación con la trama Gürtel. En el caso de un programa deportivo (0,6% de share), «la productora no presentó una liquidación de gastos ejecutados», pese a que una cláusula del acuerdo con Canal 9 obligaba. En contratos de obras y suministros, se lamenta que en varios expedientes (como las obras de adecuación de 27 centros de la red de TVV o montajes de decorados) no se detalla la puntación otorgada a los distintos licitadores o se retrasaba la ejecución de obras sin que se justificara la demora.
El Síndic también reprocha que las solicitudes de gasto se cumplimenten después y no antes de hacerse el desembolso. Y se echa en falta la intervención de «órganos colegiados» en la adquisición de producciones. Esto es, la ausencia de mesas de contratación.
