Alcoi, Xàtiva, Ontinyent y Oliva recortan personal

­
Los ayuntamientos valencianos, en plena resaca de las vacas gordas, han tenido que ajustar ahora sus plantillas de personal debido a la imposibilidad de hacer frente a la partida económica para pagar los salarios. El descenso en los ingresos por impuestos relacionados con la construcción figura entre los motivos clave.
El caso más significativo es el de Alcoi. El Gobierno local del PP ha tenido que aprobar el despido de nueve trabajadores interinos, así como la amortización de 27 plazas que se quedarán sin cubrir.
En rechazo de esa decisión, funcionarios alcoyanos están llevando a cabo acciones de protesta contra ese plan, entre las que destaca el encierro protagonizado la pasada semana en el salón de plenos del consistorio.
En la comarca de la Costera los ayuntamientos de Xàtiva, con 14 bajas, y Ontinyent, con 7, han anunciado un ajuste de sus plantillas. Tras años de aumentar el capítulo de personal mientras caían los ingresos, ambos equipos de gobierno no han tenido más remedio que soltar lastre.
También durante el presente 2009 ha habido enfrentamientos entre los sindicatos y los gobiernos locales para evitar despidos. En Oliva, en la comarca de la Safor, donde la partida destinada a personal se ha situado en casi la mitad del presupuesto, se anunció un plan de contención del gasto que incluía la reducción de la plantilla. Pese a eso, la negociación llevada a cabo permitió mantener los puestos de trabajo, si bien algunas vacantes no se han cubierto.
En municipios más pequeños también se han dado despidos, y ha sido habitual reducir la contratación de personas para cubrir puestos de trabajo durante el pasado verano, especialmente en ciudades turísticas.
En los planes de austeridad aprobados por decenas de ayuntamientos también cabe destacar la congelación de los salarios a los trabajadores, de la misma manera que no se han subido los sueldos de los cargos electos, e incluso se han dado casos de reducir ese concepto hasta el final de la legislatura. En Gandia la reducción de gasto de personal corrió a cargo de asesores del Gobierno local y de los partidos políticos, aunque ello generó polémica entre los grupos.