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EFE La Generalitat ha expresado hoy su apoyo a los hosteleros afectados por la Ley de Costas ante la "tropelía" del Gobierno central de cerrar las terrazas de los restaurantes de playa que ocupan dominio público mientras que el sector insiste en que se debe negociar cada caso de forma independiente.
Representantes de la Federación de Hosteleros de Valencia y de asociaciones de los municipios afectados se han reunido hoy con el president de la Generalitat, Francisco Camps, quien les ha transmitido el "apoyo total y absoluto" del Gobierno valenciano a sus peticiones y reivindicaciones.
El conseller de Gobernación, Serafín Castellano, que ha participado en la reunión junto con la consellera de Turismo, Belén Juste, ha criticado al Gobierno por no haber contestado a sus solicitudes de reunión con la ministra de Medio Ambiente para pedirle una moratoria y con el Ministerio de Política Territorial sobre la transferencia de competencias.
Respecto al Ministerio de Medio Ambiente, Castellano ha afirmado que ha "ninguneado" a la Comunitat "dando la callada por respuesta" a dos escritos de las Consellerías de Gobernación y Turismo en los que se pedía una reunión antes del 31 de diciembre para solicitar la moratoria a la aplicación de la Ley de Costas a partir del 1 de enero y que no se apliquen sanciones a los locales.
Además, ha pedido la convocatoria de la Comisión Mixta de Transferencias para que la competencia de los establecimientos públicos y actividades recreativas en la zona de dominio público marítimo-terrestre pase a la Generalitat.
"Sin haber cambiado la ley del año 88, desde el año 1999 vienen prorrogándose todas las concesiones y, de la noche a la mañana por un cambio caprichoso que nadie ha explicado, -los restaurantes- pasan a ser ilegales", ha lamentado.
El conseller ha hecho referencia al agravio comparativo con otras Comunidades Autónomas, "a las que ni siquiera se les ha notificado que a partir del 1 de enero tienen locales en situación ilegal".
En esta crítica ha coincidido el vicepresidente primero de la Confederación Empresarial de Hostelería y Turismo de la Comunitat Valenciana (CONHOSTUR), José Francisco Izquierdo, como portavoz del sector, que aglutina a 500 locales con 3.500 empleos y un volumen de negocio de 500 millones de euros.
"No solamente damos trabajo a mucha gente, además defendemos un patrimonio turístico con verdaderos establecimientos de restauración en las playas", ha defendido Izquierdo, quien ha calificado la situación de los hosteleros de "agobio".
Izquierdo ha asegurado que los hosteleros lucharán "hasta el final" para que su oferta turística "no se vea menospreciada por ciertas personas" y ha apelado a la excepcionalidad recogida en el artículo 65 de la Ley de Costas.
A su juicio, se tiene que negociar esa excepcionalidad establecimiento por establecimiento puesto que conviven "muchas circunstancias", según ha dicho al ser preguntado si estarían dispuestos a reducir la superficie de las terrazas.
Izquierdo ha pedido "sentido común" y "sensatez" para negociar "una salida digna para todos" y ha mostrado su confianza en que habrá acuerdo.
Antes de la reunión, Camps y miembros del Consell y los representantes de los hosteleros han posado ante los medios gráficos brindando con zumo de naranja y horchata.
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