El Consell bloquea el reparto de la herencia Martell 7 años después del fallo del Supremo

NACHO MARTÍN CASTELLÓ La Generalitat Valenciana demora desde hace cinco años la ejecución de la sentencia del Tribunal Supremo (TS) que le obliga a repartir entre entidades sin ánimo de lucro la herencia millonaria de Josefa Martell, labradora castellonense que falleció en 1988 sin dejar testamento.
Un fallo judicial exigió en 2002 al Consell que devolviera la fortuna de la cual se había apropiado y procediera a su distribución a partes iguales entre la Generalitat Valenciana, asociaciones de la provincia de Castelló y asociaciones de la capital de la Plana. Para ello, la Generalitat Valenciana debía crear una junta tripartita (formada por diputación, ayuntamiento y Generalitat) que ha permanecido paralizada durante más de cuatro años.

Antecedentes
El pasado mes de marzo se rompió un bloqueo de más de cuatro años y los vocales de la junta se reunieron para decidir que se abra un periodo de estudio al objeto de que la diputación y el ayuntamiento evaluaran las distintas solicitudes y emitieran su informe sobre cada una de las asociaciones, dado que se trata de entidades de ámbito provincial y municipal.
La cantidad a repartir también es objeto de polémica, dado que el Consell valora el total de la herencia en 4,7 millones de euros y el PSPV sostiene que el valor de las más de 50 propiedades inmobiliarias de Josefa Martell Marcha podría superar los 100 millones de euros.
Con posterioridad a la sentencia del Tribunal Supremo del año 2002, el Consell ha enajenado al margen de cualquier subasta pública al menos cuatro propiedades de la herencia Martell, valoradas oficialmente en más de 1 millón de euros, antes de cumplir el reparto que el alto tribunal había dictado. De hecho, durante la última década se han sucedido las operaciones inmobiliarias de bienes fuera de la subasta pública que exige la normativa en vigor (el Código Civil y el Decreto 2091/1971).
El propio Consell incluso ha admitido la enajenación de propiedades con posterioridad a 2002 que, cuanto menos, afectan a un solar situado en la confluencia de las calles Columbretes y José Barberá Cebría número 2, en las proximidades de la piscina provincial, un solar en las calles Doctor Ferrán y Miguel Servet (483.000 euros), un solar en la calle Enmedio (enajenado al ex presidente del Valencia, Francisco Roig, por 240.000 euros) y un solar en la calle Mayor número 83 valorado oficialmente en 351.000 euros.
Al margen de este listado quedan decenas de propiedades que constan en los expedientes internos de la Generalitat Valenciana y que ya han sido ocupadas para desarrollos urbanísticos millonarios, aunque el Consell sigue sin explicar cómo y a quién se enajenaron. En algunos de estos terrenos ya existen programas urbanísticos consolidados con viviendas e incluso con chalés unifamiliares.