La debilidad de Camps ante De Cospedal limita al Consell en la batalla del Tajo-Segura

PERE ROSTOLL ALICANTE El asalto definitivo del Estatuto de Castilla-La Mancha y, por extensión, el debate sobre el futuro del Tajo-Segura -una de las vías de abastecimiento hídrico de la Comunitat Valenciana- ha llegado en el peor momento para el presidente Camps. Su debilidad frente a María Dolores de Cospedal, número dos de Mariano Rajoy y responsable del PP manchego, deja al Consell, a diferencia de lo que ha ocurrido hasta ahora, un margen muy limitado de maniobra a la hora de defender que la conducción se mantenga sin restricciones.
El texto inicial que aprobó el Parlamento de Castilla-La Mancha incluía dos claras amenazas para el trasvase. Con los votos del PSOE y también del PP, le ponía fecha de caducidad en 2015; y, además, en un los anexos y casi de tapadillo, condicionaba el envío de agua a la provincia al visto bueno de los manchegos. A su llegada al Congreso, la ponencia parlamentaria empezó a pulir la redacción. Los problemas no surgieron hasta que llegó la cuestión del Tajo-Segura, el escollo que hizo encallar definitivamente el Estatuto. Pero la dirección federal del PSOE estaba obligada, casi como fuera, a sacar el documento adelante. En primer lugar, por la presión del presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda, uno de los principales barones territoriales del PSOE; y, en segundo término, porque el bloqueo condicionaba, por cuestiones reglamentarias, que otras autonomías pudieran iniciar procesos de reforma.
Ferraz deseaba, para evitar problemas y salvar la presión ejercida por los socialistas murcianos y el PSPV -la antaño poderosa federación valenciana pero ahora con escasa influencia-, sacar adelante el texto con los votos del PP. Y Mariano Rajoy, con la elección María Dolores de Cospedal como secretaria general del PP durante el congreso de Valencia, puso un argumento más encima de la mesa que contribuía a desatascar el Estatuto manchego. A partir de ese momento, la cúpula nacional del PP, en el momento que se planteara la cuestión, estaba forzada a darle una salida a la negociación para no desautorizar no ya a los populares de esa comunidad sino a la número dos del partido.
En ese escenario, hace ahora justo un año, los socialistas hicieron un intento de desanclar el documento incluyendo una referencia a la caducidad del trasvase. Se barajó ubicarla en el articulado -algo que hubiera supuesto cerrar la conducción- o llevarla al preámbulo, una posibilidad que reducía el peligro de un cierre inminente del Tajo-Segura pero que mantenía abierto el debate. Entonces, la negociación se topó con Francisco Camps. El jefe del Consell, en ese momento, era el principal dirigente territorial del PP. Había salvado a Rajoy tras la derrota en las elecciones generales de 2008. Y, además, lo había apuntalado en el poder frente a los ataques de Esperanza Aguirre y del ala más dura del PP organizándole un congreso a su medida en Valencia. Frente a eso, María Dolores de Cospedal era una recién llegada al despacho de Génova, que ocupaba desde apenas seis meses antes. Nada se movía en el PP sin el visto bueno de Camps. Y aquella intentona quedó en agua de borrajas.
Al presidente de la Generalitat, en unión con el murciano Ramón Luis Valcárcel, le bastó con amagar con una rebelión de diputados en el Congreso para paralizar la operación.

Y apareció El Bigotes
Llegó febrero, sin embargo, y el decorado varió por completo para Camps. El caso Gürtel, con la aparición en escena de Francisco Correa y Álvaro Pérez El Bigotes -"amiguito del alma" del presidente, como aparece en una grabación del sumario-, lo cambió todo. A partir de ahí todo se le fue complicando al jefe del Consell: su amistad con El Bigotes, los trajes, la imputación por cohecho, la caída de Ricardo Costa como número dos del PPCV. Camps ya había dejado de tener una influencia casi determinante en cualquier decisión de Rajoy para empezar a convertirse en un dirigente territorial, en opinión de importantes cargos del PP entre ellos la propia De Cospedal, casi amortizado y en expectativa de buscarle recambio inmediato o, en su defecto, para 2011 en función de los movimientos en los juzgados.
La figura de Camps se hacía más pequeña a medida que, por el contrario, la de Cospedal crecía como la nueva imagen de Génova y de una dirección nacional del PP que empezaba a liderar las encuestas de intención de voto. Y con ese escenario, si cabe ahora más acentuado por el deterioro de las relaciones entre Camps y De Cospedal a raíz del caso Gürtel, se llega al último asalto, que parece ya definitivo, para el Estatuto de Castilla-La Mancha y para el futuro del Tajo-Segura.
El PP no puede dejar en la estacada a Dolores de Cospedal y aceptó la propuesta socialista de negociar una reserva hídrica que, en función de la cuantía, supondría una estocada de muerte para el trasvase a Alicante. Camps volvió a responder con una rebelión de diputados. Pero esta vez, al menos de momento, la jugada no le ha salido bien.
La propia De Cospedal, al término de la última ejecutiva del PP de Castilla-La Mancha, reconoció que había opciones de un acuerdo con los socialistas. Y, ahora, incluso, dirigentes de los populares valencianos admiten que la única salida puede pasar por aceptar una reserva más reducida que permita mantener el trasvase y, de paso, no chocar demasiado con De Cospedal. El desenlace final tendrá que esperar a primeros de febrero, cuando se reinicie el periodo de sesiones en el Congreso.