El cabecilla de la trama de Llíber exigió 412.000 e por un acuerdo con el ex alcalde

A. P. F./R. L. LLÍBER El constructor Miguel Muntaner, cabecilla de la trama urbanística de Llíber, quiso dejar bien atado su negocio tras perder José Mas Avellá, del PP, la alcaldía en 2003. El 2 de junio de ese año, cuando Mas Avellá ya era alcalde en funciones (doce días después le sustituiría Juan Bautista Reus, del PSPV), el promotor y el todavía primer edil firmaron un "acuerdo de voluntades" que obligaba al ayuntamiento a sufragar las obras de una tubería para dar agua a los chalés ilegales construidos por Muntaner.
El nuevo gobierno socialista se negó a pagar el dinero y, al no incluir partida en los presupuestos, el constructor alegó y, posteriormente, presentó un recurso contencioso-administrativo. No contento con las comisiones ganadas por la compra-venta de terrenos no urbanizables entre 1999 y 2003, cuando obtuvo los favores urbanísticos del alcalde del PP y los pingües beneficios de construir y vender numerosos de los 300 chalés ilegales de Llíber, Muntaner exigió entonces del ayuntamiento una indemnización de 412.000 euros. El ex alcalde del PP lo secundó en esa reclamación y, de hecho, compareció en el juzgado de Alicante como testigo del constructor para defender que el ayuntamiento debía pagar la tubería.
El gobierno socialista ganó aquel contencioso y el posterior en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana. El 11 de octubre de 2007 el TSJ, en sentencia firme, rechazaba las pretensiones del empresario.
La complicidad que se vislumbró entonces entre el ex alcalde y el constructor que supuestamente urdió la estafa de las casas ilegales ha tomado ahora cuerpo al admitir ante la juez el propio Muntaner que pagó a cambio de favores urbanísticos sobornos a Mas Avellá, quien está por ello en prisión.
Pero el pulso de este promotor con el equipo de gobierno socialista de Llíber no quedó aquí. Juan Bautista Reus atajó la práctica de dar licencias a destajo en suelo no urbanizable (entre otras medidas, prescindió del aparejador Amador Signes, quien también está encarcelado) y no se plegó a las presiones de Muntaner.
Agotado el negocio de los chalés ilegales, este constructor pidió licencia para edificar una finca en la entrada de Llíber. La obtuvo, pero el consistorio le paró las obras por distintas irregularidades. A continuación, y pese a que había hecho ya obras de excavación, exigió en los tribunales que el consistorio le devolviera los 55.000 euros del impuesto de construcciones y obras. Incluso llegó a reclamar una indemnización de dos millones de euros.