R. F. VALENCIA
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El Ayuntamiento de Valencia ha multado a las clínicas Dental Line por infringir la ley que impide el abandono de sustancias tóxicas (los productos médicos) durante su proceso de cierre. Los trabajadores de las clínicas dejaron de abrir durante el pasado mes de noviembre con la autorización de Trabajo, después de que los responsable de la empresa desaparecieran y no les pagaran su sueldo durante meses. La Dirección General de Consumo también inició diligencias contra la firma dental.
De momento, no ha trascendido la sanción que el Ayuntamiento de Valencia le ha impuesto a la empresa por cometer "una infracción grave" tipificada por la Ley Orgánica sobre Protección de la Seguridad Ciudadana, según recoge la resolución.
El colapso de la empresa en la Comunitat Valenciana, como adelantó Levante-EMV, dejó sin tratamiento a cerca de un millar de clientes que habían desembolsado cantidades que oscilaban entre 500 y 12.00o euros. Las principales asociaciones de usuarios -Avacu, UCE y Facua- están preparando reclamaciones conjuntas.
La mayoría de los afectados financió el tratamiento con créditos. Los empleados llevaban sin cobrar desde agosto. La situación llegó a tal punto que una clínica de Valencia -la situada frente al mercado de Jesús- tuvo que cerrar sus puertas después de que Iberdrola le cortara la luz por impago.
