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Uno de los informes encargados por el Ayuntamiento de Valencia para avalar ante el Ministerio de Cultura el plan especial del Cabanyal está firmado por un arquitecto que hace ocho años definió en una publicación del Colegio de Arquitectos de la Comunitat a la prolongación de Blasco Ibáñez hasta el mar como un "proyecto siniestro". De llevarse a cabo la gran avenida "destruirá por completo el barrio", advertía Vicente Colomer Sendra, profesor del departamento de Urbanismo de la Universidad Politécnica de Valencia, en la guía de Arquitectura del siglo XX de la Comunidad Valenciana.
La plataforma Salvem el Cabanyal advirtió de la "contradicción" que supone que el mismo arquitecto que alertaba de la grave afección de la ampliación de Blasco Ibáñez a través del barrio Bien de Interés Cultural sea el mismo que firma unos años después un informe que bendice la nueva avenida.
En su informe, Colomer asegura que el Paseo al Mar de Valencia -el germen de la actual prolongación- "mantiene un elevado valor de permanencia, en concreto 145 años, y "debe considerarse por ello patrimonio cultural". Colomer concluye en su informe que el Pepri del Cabanyal no constituye expolio. Mediante el quiebro de la ampliación de Blasco Ibáñez y la "reducción drástica de su anchura y su afección se conserva el la peculiar trama de retícula del barrio". Colomer Sendra, que fue uno de los finalistas del concurso convocado por el ayuntamiento para el diseño de la nueva avenida, considera que el Pepri "contribuye a una mejora conservación del conjunto intervenido".
La Generalitat y el Ayuntamiento de Valencia, por su parte, también han puesto en entredicho los informes técnicos utilizados por el Ministerio de Cultura para sustanciar la orden de paralización del plan especial del Cabanyal. El vicepresidente tercero, Juan Cotino, acusaba al Gobierno de "encargar informes a medida" para atacar el PP y la alcaldesa, Rita Barberá, cuestionaba el informe del director del Museo de la Cerámica González Martí crítico con la prolongación de Blasco Ibáñez porque es una institución con sede en Valencia pero dependiente del Gobierno central.
Los nueve informes del plan
La orden ministerial que paraliza el plan especial, a la cual el gobierno autonómico respondió el jueves con un decreto ley que lo blinda, se sustenta en nueve informes. Cinco consideran que hay expolio y son los de la Secretaría Técnica del Ministerio de la Vivienda, la Subdirección General de Patrimonio Histórico (Ministerio de Cultura), la Real Academia de Historia, el Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España y el director del Museo Nacional de Cerámica, Jaime Coll. Otros tres aducen que no lo hay. Son los de la Conselleria de Cultura, el Ayuntamiento de Valencia y el Colegio Territorial de Arquitectos. El Gobierno también pidió informe al Icomos, organismo de defensa del patrimonio auspiciado por la Unesco, que no se pronunció expresamente en un sentido o en otro.
El dictamen incorrecto de Patrimonio
Los informes técnicos que encargan y pagan las administraciones para avalar la toma de decisiones son preceptivos pero no vinculantes. Uno de los más comentados en relación al plan del Cabanyal es el que redactaron en 1999 los técnicos de la Inspección de Patrimonio de la Conselleria de Cultura que alertaba de la grave afección del Pepri del Cabanyal. La Generalitat intentó silenciar este informe, que le costó el cese al arquitecto Ignacio Casar Pinazo. El Ministerio de Cultura considera "muy bien justificado" dicho informe que, sin embargo, el arquitecto autor del dictamen del ayuntamiento favorable al plan del Cabanyal, Vicente Colomer, considera "incorrecto" porque "falsea la realidad". La división de los arquitectos en relación a la intervención en el Cabanyal es evidente. El mismo Colegio de Arquitectos de Valencia considera válido el Pepri pero advierte que no se tuvieron en cuenta las "numerosas variables".
